De acuerdo con el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las niñas, niños y adolescentes requieren que se les provean alimentos y se garantice el ejercicio pleno de los derechos.
Pero esto no ocurre de manera cabal, por lo que el Senado mexicano promovió y avaló por unanimidad un dictamen para reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, donde se estipula la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. Esta iniciativa fue turnada al ejecutivo, para su próxima publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
"La verdad de las cosas es que muchos deudores alimentarios no cumplen con sus obligaciones y dejan a sus hijos, a sus hijas, a sus adolescentes, sin una completa alimentación y educación. Además, también en salud porque se amplió [a este tema], junto con el [pago] de medicinas", comenta en entrevista para Sputnik la presidenta de la comisión de justicia de la llamada cámara alta del legislativo, Olga Sánchez Cordero.
El contexto del país latinoamericano
El tema de los padres que abandonan el hogar o que deciden no proveer la pensión alimenticia es una constante en el país. Se aborda en el cine, la música y la literatura a través de obras como Pedro Páramo, de Juan Rulfo, o recientemente, en La cabeza de mi padre, de Alma Delia Murillo, por mencionar un par de ejemplos.
Y las cifras demuestran que esto se mantiene aún hoy. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) menciona que 67.5% de las niñas y niños mexicanos no reciben pensión tras el divorcio de sus padres.
En 91% de las demandas para obtener este derecho se incluye solo a los hijos, en 8.1% a la madre y los niños, y solo en 0.9%, el juicio fue interpuesto por el padre para que la madre sea quien vele por los recursos de los hijos.
¿Qué incluye el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias?
El Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias busca disminuir el número de padres que no proveen a sus hijos de los recursos económicos necesarios para su desarrollo y, con ello, mejorar su bienestar a corto y largo plazo.
En este padrón estarán las personas que no depositen la pensión alimenticia durante un lapso máximo de 90 días. Tras este periodo, estarán sujetos a las siguientes sanciones:
No podrán obtener su licencia o permiso para conducir, pasaporte o documento de identidad —credencial del Instituto Nacional Electoral (INE).
Tendrán prohibido contender por cargos de elección popular y por aquellos relacionados con el ámbito judicial, como jueces y magistrados.
Tampoco podrán hacer trámites relacionados a la compraventa de inmuebles, la constitución o transmisión de derechos reales.
Si desean casarse, el personal del Registro Civil anunciará que están en este padrón. Para evitar limitaciones en este aspecto, deberán presentar un certificado en el que comprueben que no están en ese listado.
Se les limitará la salida del país con el fin de evitar la evasión del pago de la deuda.
En caso de que los padres hayan perdido su empleo o sufrido un accidente que le impida depositar la pensión, deben notificarlo ante las autoridades.
"Su situación personal, de su enfermedad, discapacidad o [prueba] de que realmente perdió el empleo, pero debe acreditarlo. Sin embargo, muchos se salen de sus trabajos para no pagar y otras cosas: ocultan los ingresos que realmente obtienen para no pagar la totalidad de los alimentos", subraya la también exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Impacto en el mundo
El Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias de México se suma a los padrones y medidas que existen a nivel mundial para garantizar que las niñas y niños cuenten con alimentos y los recursos económicos suficientes que les permitan una vida digna.
Por ejemplo, en el caso de Brasil, el Código de Proceso Civil estipula en su artículo 528 que quienes no paguen la pensión serán acreedores a detención de uno a tres meses. Esta situación se repite en Portugal, cuyo Código Penal muestra en el artículo 250 que los padres deudores estarán en prisión hasta 120 días. Si reinciden, la pena es de un año en la cárcel.
Otro país que tiene medidas para estos casos es Chile. A través de su Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, castigan a quienes no garanticen el sustento de sus hijos en un lapso de tres a cinco meses.
A esas personas les retiene el dinero de la devolución de impuestos y no podrán tramitar su licencia de conducir o pasaporte, por citar algunas de las restricciones.
28 de enero 2023, 10:00 GMT
"Hay varios países latinoamericanos que ya lo tienen, como Argentina, Perú y Uruguay. En Estados Unidos hasta se congelan las cuentas bancarias. Ahí no se andan con cuentos. Las sanciones van mucho más allá de lo que estamos proponiendo aquí, porque lo que estamos [promoviendo en México] son solamente las sanciones de carácter administrativo; ciertas restricciones", agrega Sánchez Cordero.
Esta es una de las razones por las que la legisladora mexicana no promovió que entre las penas figure que las personas deudoras fueran encarceladas.
"Hubo una contradicción en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde yo estaba y donde incluso yo participé y quedamos tres [votos] a dos. Yo quería la privación de la libertad de los deudores alimentarios, pero lamentablemente, en la contradicción de tesis salió solamente para restricciones de carácter administrativo y para sanciones administrativas", narra.
"Lo que me argumentaron es que era una sanción demasiado trascendente y, además, que cómo yo pensaba que podían ellos cumplir con su obligación si además estaban privados de su libertad. Obtuvo la mayoría quien solamente estableció medidas meramente administrativas", recuerda la experta, quien también fue titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) al inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Los cambios previstos
Si bien aún falta el "visto bueno" del poder ejecutivo y su publicación en el DOF, el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias de México se posiciona como una de las reformas más importantes en materia de protección a niñas, niños y adolescentes.
En entrevista para este medio, la abogada María Eugenia Rosas comenta que esta es una estrategia para mejorar las paternidades.
"En mi opinión es un buen intento para obligar de manera coercitiva a los obligados alimentarios a cumplir con su responsabilidad, ya que las sanciones administrativas que contempla y las consecuencias de su incumplimiento les hará tomar conciencia en beneficio de sus acreedores", valora.
"La cárcel no es una forma de solución al problema que nos ocupa sino todo lo contrario. Esto es así en virtud de que si estando en libertad, generando ingresos, ya sea a través del desempeño de un empleo formal o informal, no cumplen con sus obligaciones, mucho menos lo harán estando privados de ella. Por el contrario, se convertirán en una carga más para el Estado", subraya.
La litigante también considera que una buena manera de que este registro tenga mayor impacto entre la población es haciendo campañas masivas en los medios de comunicación.
Esto porque quienes deben la pensión "no pueden ejercer un derecho que desconocen y mientras esto no suceda no podemos hablar de paternidad o maternidad responsable, ya que no podemos pasar por desapercibido el hecho de que las niñas, los niños y los adolescentes requieren de un representante legal para poder ejercer el derecho a los alimentos que les asiste", precisa.
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