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"Esta es la mejor decisión que hemos podido tomar, en conjunto los tres poderes del Estado, junto a la población, para combatir este gran problema social [de las pandillas]", afirmó Callejas, exministra de Cultura y vicepresidenta del Legislativo, por el gobernante partido Nuevas Ideas (NI).
Los 56 diputados oficialistas y sus aliados expusieron durante la noche del 14 de febrero los éxitos en el ambiente de seguridad del país con la aplicación del decreto, aprobado por primera vez el 27 de marzo del año pasado en medio de una ola de asesinatos que sumó 84 en un fin de semana.
Los legisladores citaron datos de la Policía Nacional Civil (PNC) sobre la captura con el apoyo de la Fuerza Armada de 64.111 pandilleros, también conocidos como "mareros" en el habla popular. Añadieron que las autoridades han decomisado 2.326 armas de fuego, 2.945 vehículos, 5.312 celulares y 1,7 millones de dólares, la moneda de curso legal en el país desde el 2001.
La diputada Lorena Fuentes (NI) resaltó que las políticas impulsadas por el presidente Nayib Bukele permitieron que El Salvador registrara 300 días sin homicidios desde su toma de posesión, el 1 de junio de 2019, de ellos 199 durante la vigencia del régimen de excepción.
Según Bukele, El Salvador tiene la tasa de homicidios más baja de América con 1,8 por cada 100.000 habitantes, con lo cual se convirtió en el país más seguro de la región luego de décadas de ser considerado entre los más peligrosos del mundo.
1 de febrero 2023, 21:21 GMT
La diputada Marlenis Funes, del opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda), negó que su partido se oponga al combate a la delincuencia, como afirma el oficialismo, sino que protesta contra la indefensión legal de inocentes capturados durante las operaciones policiales.
La suspensión de garantías constitucionales requiere de un mínimo de tres cuartas partes de los votos de los diputados electos, es decir, 63 de 84, y alcanzó 67 a favor, seis en contra y 8 abstenciones, mientras tres estuvieron ausentes.
Con el decreto quedan suspendidos por 30 días más los derechos de defensa, artículo 12 inciso segundo de la constitución; el plazo de detención de 72 horas, artículo 13 inciso segundo; y la inviolabilidad de la correspondencia, artículo 24.
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