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La decisión de la Marina brasileña de hundir el antiguo portaviones NAe Sao Paulo (A-12) ha generado fuertes repercusiones negativas entre los ecologistas. Organizaciones nacionales e internacionales publicaron notas de repulsa de la decisión, advirtiendo de las repercusiones medioambientales de la medida.
Para Sergio Ricardo, ecologista y coordinador del Movimiento Baía Viva, el hundimiento de buques desactivados en alta mar debería ser "la última opción a tomar". Recordó que Brasil "es signatario de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y tiene una política nacional de desguace de buques".
Esta política establece que todos los buques o instalaciones en el mar (como plataformas), tras completar su periodo útil en actividad, que dura unos 25 años, deben ser retirados, desmantelados, limpiados y eventualmente reciclados para reducir el impacto ambiental.
Sergio Ricardo añadió que el hundimiento eliminó la posibilidad de dar al portaviones un reciclaje ecológico, reutilizando el material no nocivo y destinando el amianto a una eliminación segura para el medioambiente. Según él, el dinero obtenido con la venta del material reciclado podría "revertir en la financiación de la investigación marina, la vigilancia, la estructuración de laboratorios en universidades públicas y el pago de becas".
"Brasil necesita avanzar en el campo de la economía del mar. Esta decisión [de hundirse] es un gran error. Fue una decisión tomada por la Marina del Gobierno anterior, que, por cierto, era un gobierno contrario a la política medioambiental", afirmó el ecologista.
¿Cometió la Marina un delito contra el medio ambiente al optar por hundir el barco?
Algunos ecologistas calificaron el hundimiento de "catástrofe" y algunas organizaciones no gubernamentales (ONG) hablaron incluso de "crimen medioambiental" cometido por la Marina brasileña.
Para Rodrigo Bordalo, doctor y máster en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo (PUC-SP) y profesor de Derecho Administrativo y Ambiental en el Centro Preparatorio Jurídico (Cpjur) y en la Escuela Brasileña de Derecho (Ebradi), "es prematuro afirmar que se cometió un delito por parte de alguna autoridad de la Marina o del Gobierno federal en relación con el caso". Y es que, de acuerdo con Bordalo, la decisión se tomó tras agotar las posibilidades de llevar a cabo el llamado "desmantelamiento verde".
"Por lo que se informa, se tomaron medidas por parte de la Unión con el fin de realizar el llamado 'desmantelamiento verde' en el portaviones, intento que no tuvo éxito, lo que finalmente llevó al Gobierno, a través del Ministerio de Defensa, a tomar la decisión de hundir el buque".
Añadió que "es importante señalar que el Ministerio Público Federal (MPF) interpuso una demanda contra la Unión para impedir el hundimiento del portaviones".
"Sin embargo, el Tribunal Federal acabó desestimando la petición del MPF", destacó el experto.
Aunque descartó la existencia de un delito medioambiental, Bordalo subrayó que el hundimiento del buque debería haber ido precedido de un estudio de impacto ambiental.
"La enajenación de bienes pertenecientes a la Administración [ya sea federal, estatal o municipal], que es responsabilidad de la propia Autoridad Pública, no puede prescindir de los impactos ambientales relacionados, lo que requiere que las autoridades ambientales presten atención a este procedimiento", expresó.
Sostuvo que en el caso del portaviones NAe Sao Paulo (A-12) "el Ibama [Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables] no parece haberse manifestado de forma concluyente sobre el impacto ambiental de la medida adoptada por la Marina, circunstancia que genera preocupación".
"La medida de hundir el portaviones debería haber estado precedida del llamado Estudio Previo de Impacto Ambiental [EIA], instrumento previsto en la propia Constitución Federal, destinado a evaluar las repercusiones ambientales de actividades y conductas que puedan generar un impacto ambiental significativo. Sin embargo, no hay constancia de que esto se exigiera al Ministerio de Defensa o a la Armada".
Bordalo añade que "las consecuencias medioambientales que podría provocar esta medida son considerables".
"Varias estructuras del portaviones están hechas de amianto, un producto nocivo actualmente prohibido en Brasil, dado su impacto negativo en la salud y el medioambiente. Además, no se puede obviar el impacto sobre la biodiversidad marina del lugar donde se sumergió el barco", enfatizó el experto.
Para el ingeniero medioambiental David Zee, profesor de oceanografía de la Universidad del Estado de Río de Janeiro (UERJ), el hundimiento del portaviones no es "ni un crimen ni una tragedia, sino un enorme mal ejemplo y un precedente para la futura contaminación de los océanos".
"No es delito porque obtuvo licencias para el procedimiento. Tampoco es una tragedia porque, comparado con el tamaño del océano Atlántico, no es muy significativo. Sin embargo, el ejemplo de nuestras autoridades es muy malo porque indica que, en caso de insolvencia, nos entregamos al medio oceánico [y le dejamos] que se entregue".
30 de agosto 2022, 22:37 GMT
Hace una comparación con la contaminación por plásticos, que puede parecer insignificante si no se analiza todo el contexto.
"Una botella de PET [en el océano] es insignificante. Pero si tenemos en cuenta todos los plásticos arrojados a los océanos a partir de ahora en todas las partes del planeta, liquidaremos los océanos en este siglo", señaló el oceanógrafo.
Zee termina con una dura crítica a la forma en que el Gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva (PT) abordó la situación.
"Un Gobierno que tanto se quejó de los malos ejemplos del anterior podría demostrar su sinceridad impidiendo esta solución relajada y esforzándose por dar otro destino al buque. Un país que diseña barcos abandonados en su bahía de mayor notoriedad internacional [la bahía de Guanabara] demuestra que no tiene la gestión costera bajo su dominio y control", concluyó.
El portaviones fue hundido el 3 de febrero, en aguas jurisdiccionales brasileñas, a 350 kilómetros de la costa brasileña, en un lugar donde la profundidad alcanza los 5.000 metros. El hundimiento pone fin a una saga de cuatro meses del buque inutilizado a la deriva en el mar, tras prohibírsele la entrada en Turquía por motivos medioambientales.
El motivo del obstáculo era la cantidad de amianto presente en la estructura del buque de 32.800 toneladas. El amianto es una sustancia cancerígena y está prohibido en varios países.
En el caso del portaviones NAe Sao Paulo (A-12), el problema se agravó aún más porque la cantidad de amianto encontrada en la estructura es solo una estimación, ya que solo se inspeccionaron el 12% de los compartimentos. No se pudo realizar una inspección completa debido a la falta de un puerto que aceptara albergar el buque para poder realizar los trabajos.
El caso del portaviones NAe Sao Paulo (A-12) refleja las dificultades de Brasil para deshacerse de los buques retirados del servicio. Sputnik habló con expertos que afirmaron que el hundimiento era el peor desenlace posible para el caso.
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