Exterminio de Unión Patriótica: Jahel Quiroga y una lucha para condenar al Estado colombiano

En 1986 Leonardo Posada, dirigente de la Unión Patriótica, fue electo representante a la Cámara por Santander, departamento al nororiente del país. Meses después, cuando apenas llevaba unos días radicado en Bogotá, lo asesinaron. Fue un sábado, a eso de las seis de la tarde. Dos hombres en una moto le dispararon cuando salía de la sede del partido. Luego lo remataron a quemarropa. Después de este homicidio vinieron más, muchos más, como un torrente, incontrolable.

Jahel Quiroga, que se cautivó por la lucha social cuando era estudiante de Ingeniería Industrial en la Universidad Distrital de Bogotá y que llegó a la militancia en la UP para defender los derechos humanos, quedó marcada con la muerte de Posada.

Tres años después, cuando ya era concejala de Barrancabermeja, un municipio clave del departamento de Santander donde funciona la refinería de la empresa petrolera estatal, Ecopetrol, la más grande del país, José Orlando Higuita, compañero de luchas en el cabildo local, fue asesinado. "Nos estaban exterminando, uno a uno", dice Jahel a Sputnik.

Quiroga se exilió en Estados Unidos (1992) luego de las amenazas, pues entendió que no la intimidaban para advertir, sino para anunciar que la iban a matar. Y si bien había tenido suerte por contar con la protección del esquema de seguridad de su esposo —un alto funcionario de Ecopetrol—, era cuestión de tiempo para ser la siguiente.

Sin embargo, al año regresó, se estableció en Bogotá y en una oficina pequeñita del centro de la ciudad, que más parecía un búnker, fundó la Corporación Reiniciar. ¿El objetivo? Acompañar a las víctimas del conflicto armado interno y, de paso, recopilar información y material de los asesinatos, las torturas y las desapariciones de cientos de dirigentes de la Unión Patriótica.

La UP nació en 1985 como resultado del acuerdo de paz firmado entre la hoy extinta guerrilla de las FARC y el Gobierno de Belisario Betancur (1982-1986), y fue integrado por miembros de este grupo y del Partido Comunista Colombiano, entre otros dirigentes de izquierda.

Pero luego de aceptar ser parte de este proceso de paz, se desató la matanza. Tras las elecciones de 1986, los asesinatos contra dirigentes de la UP fueron algo del día a día y en tal escala que tocaron las cabezas visibles del partido, como por ejemplo Jaime Pardo Leal, candidato a la presidencia de 1990, asesinado el 11 de octubre de 1987, y Bernardo Jaramillo Ossa, quien reemplazó a Leal como aspirante de la UP y fue baleado en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá el 22 de marzo de 1990.

Cuando ya tenían toda esta información, Quiroga, de la mano de Aida Avella —ambas hoy senadoras de la República— tocaron las puertas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Construyeron un caso sólido, con evidencias irrefutables, y lograron las pruebas necesarias para comprobar que hubo un plan, conocido como El Baile Rojo, para asesinar a todos los dirigentes de la UP que llegaron a cargos de elección popular en las elecciones de 1986.

Este macabro esquema fue diseñado por grupos paramilitares, de la mano con agentes del Estado —militares, integrantes del antiguo Departamento Administrativo de Seguridad, entre otros—, para terminar con todo aquel que representara a la izquierda colombiana, que se cobijara bajo la bandera de la UP.

Era 1993, Quiroga y los integrantes de Reiniciar tuvieron un año frenético para recopilar documentos, testimonios, para hacer el trabajo que los entes investigativos del Estado no hicieron. Telegramas, cartas, entrevistas. A punta de papel y lápiz construyeron una base de datos antes inexistente, llegaron a la cifra de 6.528 víctimas del genocidio de la UP (asesinados, desaparecidos, torturados y amenazados), muchísimas más de las que el Estado quería reconocer.

El 16 de diciembre de ese año, tras comprobar que se habían agotado todos los recursos judiciales, Quiroga radicó la petición ante la Corte IDH. Ya en marzo de 1994 este tribunal notificó al Estado que había sido demandado por el genocidio de la UP.

Quiroga cuenta a Sputnik que todos los Gobiernos anteriores negaron ante la Corte IDH lo que había pasado con la UP, y que, sin reparo, justificaban lo sucedido en el marco del conflicto armado interno.

Por este 30 de enero, cuando la Corte IDH condenó al Estado colombiano por el exterminio de la UP, Quiroga no pudo contener las lágrimas, tampoco decenas de familiares y militantes que se reunieron en un auditorio en el centro de Bogotá para ver, a través de una pantalla gigante, la lectura del fallo y para repetir el mismo estribillo que han cantado en las últimas tres décadas: "Yo te daré, te daré patria hermosa, te daré una rosa, y esa rosa se llama UP, ¡UP!".

En el fallo la Corte consideró que los actos de "violencia sistemática contra los integrantes y los militantes de la Unión Patriótica" establecieron "una forma de exterminio sistemático (...) con la participación de agentes estatales, y con la tolerancia y aquiescencia de las autoridades, constituyendo un crimen de lesa humanidad".