La CAM es una organización mapuche anticapitalista y autonomista que irrumpió en la escena política chilena hace más de 25 años con una acción de sabotaje contra la industria maderera en el marco del conflicto ancestral que mantiene con latifundistas, empresas forestales y el Estado chileno.
Las acciones de sabotaje de la CAM se iniciaron con la quema de tres camiones de la empresa maderera Forestal Arauco en diciembre de 1997. En su libro Chem ka Rakiduam. Pensamiento y acción de la CAM, la organización mapuche explica que ese ataque fue una expresión concreta de la estrategia que impulsaría desde entonces "contra la inversión capitalista en la zona, principalmente todo lo referido al ámbito de la industria forestal y los estragos que causaba en las comunidades mapuche".
"Lo que nosotros hicimos y hacemos son sabotajes absolutamente legítimos: toda vez que estas maquinarias, que este circuito económico extractivista, atenta contra la vida mapuche. La industria forestal ha provocado estragos en las comunidades mapuche, erosionando, secando nuestras tierras, y cometiendo enormes injusticias al llevarse toda la riqueza de nuestro territorio, empobreciendo a las comunidades, dejándolas incluso sin agua y sin posibilidad alguna de sembrar, de nada", señala José Llanquilef, vocero de la CAM.
Según algunos historiadores y la propia organización aquella primera acción no solo cristalizó a la CAM, sino que fue el comienzo de una nueva etapa de la lucha del pueblo mapuche, posdictadura (1973-1990) y en plena transición, caracterizada por el uso de la violencia política para denunciar y lograr recuperar tierras ancestrales, reivindicadas por las comunidades mapuche principalmente en las regiones del Biobío y La Araucanía, ubicadas al sur de Chile, en lo que llaman Wallmapu.
"Son acciones de resistencia que deben ser entendidas y establecidas como acciones de violencia política, las cuales tienen por finalidad únicamente la destrucción de la infraestructura de los procesos capitalistas en el Wallmapu, y no el daño de vidas humanas y naturales del territorio", aclara Llanquilef.
Estas operaciones de resistencia se suman a otros métodos de acción, explican desde la CAM, que dan forma a la estrategia distintiva de la Coordinadora, la cual comienza con las recuperaciones de tierra y el control territorial.
"Control que busca la reconstrucción del mundo mapuche, tanto en forma simbólica, cultural, como material y, con ello, trasformar la ominosa realidad que se vive en nuestro territorio por la presencia de las forestales", puntualiza el vocero.
"Además de realizar acciones comunitarias para hacer frente a la acción violenta de los agentes del Estado y/o representantes de los grupos económicos, expresados en grupos paramilitares antimapuche", añade.
A estos métodos se suma el acto de recobrar a nivel productivo los espacios, "talando los pinos, y sembrando distintas semillas, y trayendo la flora y fauna autóctona. La recuperación productiva es la redistribución de la riqueza material, es la acción directa para la subsistencia familiar, es una acción que pone freno a las empresas forestales".
Para la CAM el objetivo es la emancipación mapuche.
"La única alternativa para sobrevivir como pueblo (...) es impulsar un proceso de liberación nacional mapuche, que se sustente ideológica y políticamente en definiciones de carácter anticapitalista y anticolonial, planteando la autonomía desde una posición revolucionaria".
Héctor Llaitul y su hijo Ernesto jugando palín
© Foto : Gentileza CAM
Autonomía y políticas públicas
Desde su fundación, la CAM se definió como autonomista: "Es prioridad la independencia de nuestra organización frente a los partidos políticos y al Estado, como también la resignificación de las formas de organización mapuche. Por tanto, la autonomía significa la negación al sometimiento político y organizativo wingka [no mapuche], para pasar a la insubordinación, rebeldía, pero, sobre todo, a la resistencia, para reconstruir nuestros Lof [espacio territorial]", explica Llanquilef.
Estas definiciones han puesto en la mira del Estado chileno a la organización. Para los especialistas, estas nuevas expresiones de lucha autonomista generaron que el conflicto mapuche dejara de ser una cuestión marginal en la coyuntura política, ya que la resistencia en la disputa territorial cobró mucha fuerza y la acción directa tomó el protagonismo en la zona, provocando la desestabilización del ordenamiento del Estado, mismo que arremetió con todas sus formas.
El expresidente Ricardo Lagos (2000-2006) creó la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato, que recomendó políticas de afirmación identitaria (reconocimiento Constitucional y ratificación del Convenio 169 de la OIT), junto con el aumento de tierras en el marco la Ley Indígena de 1993.
Los gobiernos posteriores continuaron profundizando estas políticas con el Proyecto Orígenes, implementados durante el primer mandato de Michelle Bachelet (2006-2010), que pretendía contribuir al desarrollo integral de los pueblos aymara, atacameño y mapuche en el área rural.
Cartel contra la militarización del Wallmapu
© Foto : Gentileza CAM
En su segundo Gobierno (2014-2018) Bachelet presentó un proyecto para crear el Ministerio de Pueblos Indígenas junto a un Consejo Nacional y Consejos Indígenas, el que no prosperó. Por su parte, Sebastián Piñera (2010-2014; 2018-2022) creo el Plan Araucanía, que contenía tres pilares fundamentales: inversión social, emprendimiento y representación política para los mapuche; sin embargo, no abordó el conflicto histórico de la tierra.
Hoy el Gobierno de Gabriel Boric ha presentado otro programa que extiende varios de los mismos aspectos, con algunos matices, el Plan Buen Vivir.
Frente a estas distintas políticas públicas, la CAM señala que sus reivindicaciones no pasan por obtener más predios, o cargos en la administración del Estado. "La disputa no es por extensiones de tierra, entendida esta como una mercancía, sino que la reivindicación y la lucha es por recuperar una forma de vida, de cómo concebir el mundo y de cómo vivir en consecuencia. Es por un tipo de organización social y cultural, una cosmovisión, sin duda, como lo entendieron nuestros antepasados", explica su vocero.
Militarización y la prisión política
En todos los Gobiernos posdictadura, además de los distintos planes de integración propuestos, se han ejecutado políticas de seguridad pública, muchas de las cuales han propiciado un Estado policíaco o la militarización en el Wallmapu.
Cartel por la libertad de los presos mapuche en Tribunales de Santiago
© Sputnik / Carolina Trejo
La Administración Boric dio incluso un paso mayor en la criminalización de los grupos autónomos mapuche, al oficializar lo que el Gobierno de Piñera había auspiciado en materia de seguridad: "Un fiscal con dedicación preferente para la investigación de organizaciones criminales que amenazan la convivencia en las regiones del Biobío y Araucanía, como el narcotráfico y el robo de madera".
Para la CAM todas estas medidas son la respuesta estatal a sus procesos de transformación territorial, donde las empresas de la madera, fundamentalmente, han perdido predios y que son necesarios para la industria.
"Son necesarios para el desarrollo de sus expresiones capitalistas en el Wallmapu, para el extractivismo depredador. Y en este marco, donde se ha propiciado por años la mayor presencia militar y policial, y que hoy se ve reforzada con la declaración y prolongación permanente del estado de emergencia", indica Llanquilef.
La militarización del Wallmapu, la detención de sus comuneros y de su líder y vocero más reconocido, Héctor Llaitul, han sido parte, según la CAM, de la política de criminalización estatal de su lucha.
26 de enero 2023, 20:36 GMT
El 24 de agosto de 2022, fue arrestado el histórico werkén (vocero), a partir de una investigación que lleva a cabo la Fiscalía desde 2020, a partir de una denuncia del Gobierno de la época y ratificada por el actual, en la que se invocó la Ley de Seguridad del Estado.
La detención de Llaitul "se enmarca en el contexto de lo que ha sido la política histórica y sistemática del Estado de Chile de perseguir, reprimir, enajenar y sojuzgar al pueblo Nación Mapuche", djio a Sputnik el abogado Alberto Espinoza, quien patrocinó la demanda por torturas cometidas por agentes del Estado durante la dictadura cívico-militar contra el vocero de la CAM, infligidas en 1988 por agentes de la policía secreta de Pinochet en la cárcel de Quillota.
"La lucha del pueblo mapuche es una lucha política por la recuperación de un territorio usurpado, por el reconocimiento como pueblo nación desde la perspectiva del derecho a la autodeterminación. La invocación de la Ley de Seguridad del Estado [...] es un instrumento jurídico que se articula desde la institucionalidad y el modelo económico para fortalecer la dominación nacional del Estado de Chile", explicó Espinoza.
Líder mapuche Hector Llaitul en la cárcel
© Foto : Gentileza CAM
Opinión que va en línea a lo declarado por la organización ante la detención de otros tres integrantes de la CAM, entre ellos el hijo de werkén, Ernesto Llaitul, una semana después del arresto de Héctor, "un acto que responde a la persecución política" del "Estado racista y colonialista que, desde su instalación, no ha hecho más que utilizar la misma estrategia hacia nuestro pueblo: persecución, muerte y encarcelamiento", consideró Espinoza.
Llaitul, junto a otros ocho comuneros de la CAM, entre ellos dos de sus hijos, siguen encarcelados y en espera de juicio. Todos realizaron una huelga de hambre que duró 46 días, con el fin de lograr su traslado a una cárcel acorde a los convenios internacionales de prisión indígena. Una demanda que junto con su prisión enmarcan como parte de los más de 25 años de lucha de su organización.
"Si el enemigo piensa que con la cárcel política de nuestros weichafe y de nuestro líder histórico, conseguirán poner freno a la lucha autonomista por la liberación nacional mapuche, nosotros nos encargaremos día a día de demostrar y hacer saber que se equivocan y que, en nuestra convicción revolucionaria, no echaremos pie atrás", concluye el vocero de la CAM.
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