¿Desescala la tensión entre Colombia y Guatemala tras cumbre de la CELAC?

La tensión entre Colombia y Guatemala por la intención de la fiscalía del país centroamericano de procesar al ministro de Defensa colombiano, Iván Velásquez, pareció ceder tras una reunión de los cancilleres de los dos países durante la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en Buenos Aires.

Velásquez dirigió desde 2013 hasta 2019 la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente de la ONU que investigó la corrupción y otros crímenes en el país centroamericano y que llevó al procesamiento y condena de numerosos funcionarios.

El 16 de enero de este año, el fiscal guatemalteco Rafael Curruchiche anunció que investigará a Iván Velásquez por supuestos actos de corrupción durante sus actuaciones en Guatemala. Según el fiscal, Velásquez y la exfiscal general Thelma Aldana (2014-2018) aceptaron en 2017 suscribir los acuerdos de colaboración eficaz en la investigación contra empresarios de la brasileña Odebrecht por sobornos para recibir concesiones de obras públicas.

El anuncio provocó una inmediata crisis diplomática entre los dos países. El presidente colombiano, Gustavo Petro, llamó a consulta a su embajador en el país centroamericano, generando una respuesta similar desde Guatemala, y se desató un tenso cruce de mensajes con el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei.

Frente al revuelo internacional provocado por la noticia, Giammattei aseguró días después que respetará la inmunidad del ministro de Defensa colombiano. "Guatemala ha sido respetuosa hasta el día de hoy de todos los convenios y tratados. Así haya cometido un delito el señor, no se lo podrá procesar, pero hay que investigarlo", declaró.

La tensión pareció volver a desescalar el 24 de enero, cuando el canciller guatemalteco, Mario Búcaro, y su par colombiano, Álvaro Leyva, se reunieron en Buenos Aires, en el marco de la cumbre de la CELAC. Luego de entrevistarse, ambos aseguraron que "no hay crisis" en las relaciones entre los dos países.

Mientras el presidente Gustavo Petro ha respaldado incondicionalmente a su ministro, la oposición liderada por el expresidente Álvaro Uribe ha pedido la renuncia.

"El señor Velásquez no debería usar los membretes del Ministerio de Defensa Nacional para pronunciarse sobre el proceso que se le sigue en Guatemala. Ese no es un asunto institucional, sino personal", dijo la senadora María Fernanda Cabal del partido Centro Democrático del expresidente Uribe. El senador Miguel Uribe Turbay, del mismo espacio, pidió la salida del ministro.

Sin embargo, los funcionarios de la CICIG cuentan con "inmunidad de toda acción judicial con respecto a palabras pronunciadas o escritas y a actos realizados por ellos en el desempeño de su misión. Esta inmunidad de toda acción judicial se seguirá concediendo después de que hayan dejado de prestar servicios a la CIGIC", según la convención sobre prerrogativas e inmunidades de las Naciones Unidas.

El actual ministro de Defensa de Colombia es un abogado conocido por las investigaciones que revelaron los nexos entre paramilitares y políticos colombianos. Desde su cargo como procurador y luego como fiscal del departamento de Antioquia, uno de los más golpeados por la violencia paramilitar en Colombia, adelantó, durante la década de 1990, las investigaciones por graves violaciones a los derechos humanos.

En el año 2000 fue nombrado magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia y desde entonces coordinó la Comisión de Apoyo Investigativo de la Sala Penal, encargada de investigar las relaciones entre congresistas y el paramilitarismo, en lo que se conoció como el escándalo de la parapolítica. Sus investigaciones llevaron a la condena de numerosos parlamentarios.

Estas investigaciones le valieron muchos problemas y ataques desde el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010).

Con tales antecedentes, en 2013, Velásquez fue designado jefe de la misión de Naciones Unidas en la CICIG, para investigar los hechos de violencia y corrupción que sucedieron en ese país durante tres décadas.

Como resultado del trabajo de la CICIG fueron procesados tres presidentes y uno de ellos, Otto Pérez (2012-2015), condenado en diciembre de 2022 a 16 años de prisión por encabezar una estructura de defraudación.

La CICIG y la Fiscalía especial contra la impunidad (FECI) de Guatemala empezaron a investigar a Jimmy Morales, un comediante electo presidente en 2016, así como a familiares del mismo, entre ellos, su hijo José Manuel y su hermano Samuel, a quienes la Fiscalía pidió 8 y 11 años de cárcel respectivamente, aunque fueron absueltos en julio de 2019.

El mismo Morales fue investigado por la supuesta financiación ilegal de su campaña electoral, pero la causa no prosperó.

En agosto de 2018, Morales decidió no renovar el mandato de la CICIG, acusó a Velásquez y su equipo de violar las leyes y lo declaró persona “non grata”, decisión que fue revertida por la Corte Constitucional. Como no pudo expulsar a la CICIG, no renovó su mandato el 3 de septiembre de 2019.

El actual presidente de Guatemala fue el director del sistema penitenciario y estuvo procesado por su supuesta participación en una masacre conocida como el caso Pavo Real, en la cual murieron siete internos de una cárcel de máxima seguridad.

Giammattei estuvo preso 10 meses, pero recuperó su libertad y no fue condenado.

Como jefe de la Fiscalía especial contra la Impunidad (FECI) entre 2015 y 2021, Sandoval trabajó con la CICIG en tiempos de Velásquez y tuvo a su cargo el caso Odebrecht, en el cual negoció el acuerdo de sometimiento a la justicia por parte de los directivos de la multinacional brasileña por el pago de sobornos a funcionarios a cambio de la concesión de contratos de obras públicas.

Sandoval, que había sido nombrado por la fiscal Thelma Aldana pero fue destituido abruptamente en 2021 y se exilió en Suecia.

En 2018, el presidente Jimmy Morales reemplazó a la fiscal general Thelma Aldana, que había colaborado con la CICIG, por Consuelo Porras, quien destituyó a Sandoval.

Aldana intentó participar como candidata presidencial en 2020, pero Porras le montó investigaciones por presuntos actos de corrupción.

La nueva fiscal, Consuelo Porras, nombró en reemplazo de Sandoval a Rafael Curruchiche como jefe de la FECI.

Curruchiche acusa a Velásquez y otros funcionarios por haber, supuestamente, realizado acuerdos fraudulentos en la negociación del acuerdo de colaboración con la Justicia de los empresarios de la firma Odebrecht tras defraudar al estado guatemalteco en millonarios contratos para la ejecución de obras públicas.