El pasado 27 de diciembre, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, promulgó un decreto que prohíbe la venta del petróleo ruso a las personas físicas y jurídicas extranjeras cuyos contratos estipulen de forma directa o implícita el mecanismo de tope a los precios. Con respecto al crudo, la prohibición se hará efectiva a partir del 1 de febrero de 2023; y para los derivados del petróleo, la fecha será determinada por el Gobierno. El veto se aplica en todas las etapas de los suministros.
"La prohibición se aplica a cualquier contrato con el petróleo ruso hasta el consumidor final, lo que prevé incluso rechazar el trabajo con los comerciantes que no respetan la norma del decreto", destaca el comunicado del ente energético ruso.
El tope a los precios, continúa el documento, es ilegal y "afecta el suministro energético seguro y estable del mundo y exigirá esfuerzos conjuntos significantes de los países responsables para corregir la situación".
Asimismo la nota promete que en el futuro próximo el ente publique una información detallada sobre la aplicación del decreto presidencial y las posibles medidas adicionales para limitar los descuentos al petróleo ruso.
El Grupo de los Siete (G7), conformado por Alemania, Canadá, EEUU, Francia, el Reino Unido, Italia y Japón, así como la Unión Europea y Australia, se negaron a adquirir el petróleo ruso a un precio mayor de 60 dólares por barril desde el pasado 5 de diciembre.
Las empresas de estos países tienen prohibido proporcionar servicios como seguros, intermediación y asistencia financiera para el transporte del petróleo ruso a cualquier parte del mundo, a menos que el crudo se venda por debajo del umbral acordado.
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