Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), explicó a Sputnik que la impunidad biológica se produce cuando mueren los criminales, los testigos y los familiares de las víctimas esperando justicia. El último de estos casos se dio con la muerte de Ricardo Lawrence, quien falleció el 1 de diciembre sin ser condenado por todos los crímenes en los que estuvo involucrado ni entregar información sobre el paradero de los detenidos desaparecidos.
Lawrence formó parte de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), la policía secreta del dictador Augusto Pinochet (1973-1990), desde sus inicios. Era considerado un torturador de extrema crueldad incluso por los propios agentes. Según testimonios, solo detenía las sesiones de tortura cuando el detenido sufría un paro cardiaco o se desmayaba.
El excarabinero fue uno de los responsables de la detención, tortura y muerte de Lumi Videla, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), en 1974, y que luego fue lanzada al interior de la Embajada de Italia. También es responsable de la desaparición del profesor de filosofía y militante del MIR Alfonso Chafreau.
10 de mayo 2022, 04:23 GMT
"Mueren familiares de personas desaparecidas y ejecutadas, mueren las personas que fueron sus víctimas, mueren los testigos de esos hechos y los criminales mueren sin haber dicho nada de la verdad y sin haber sido condenados en todas los casos", señaló Erika Hennings, esposa de Chanfreau al conocerse el deceso del torturador.
Lawrence se fugó de la justicia en 2014 hasta que se entregó el 10 de enero de 2020. La Corte Suprema de Chile lo condenó a más de 400 años de presidio por 160 causas ligadas a la dictadura, de los cuales solo cumplió dos y no reveló cuál fue el destino de los detenidos desaparecidos.
Para Alicia Lira la "impunidad biológica cruza todo el país porque el problema de los detenidos desaparecidos, el problema de la ejecutados políticos, en tanto en la verdad como en hacer justicia, tiene que ver con esta sociedad y que a 49 años del golpe de Estado seguimos viviendo sobre un pacto de silencio que mantienen las Fuerzas Armadas y Carabineros".
La presidenta de la AFEP explicó que los familiares de las víctimas de la tortura, ejecución y muerte han pasado casi medio siglo en la búsqueda de la verdad y la justicia, así como de alguna pista que les permita dar con el paradero de los detenidos desaparecidos.
"El Estado se hizo responsable de esta impunidad, puesto que no creó ningún mecanismo, proyectos de ley y no ha respetado los tratados y convenios internacionales que citan esta impunidad biológica", agregó.
12 de enero 2022, 23:26 GMT
Una impunidad que atraviesa generaciones
En septiembre de 2023, se cumplirán 50 años desde el golpe de Estado que derrocó a Salvador Allende (1970 - 1973). También se cumplirán 50 años desde que el régimen de Pinochet comenzó a cometer crímenes de lesa humanidad que han atravesado a generaciones completas.
El Gobierno de Gabriel Boric, a través de la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, presentó en septiembre pasado el Plan Nacional de Búsqueda de Víctimas de Desaparición Forzada durante la dictadura.
Según dijo la autoridad en aquel momento, "miles de chilenos o chilenas tienen algún familiar que aún está desaparecido, y que no solo no han logrado poder hacer un entierro —una despedida, como toda persona merece o aspira—, sino que también en muchos casos tampoco conocen toda la verdad, no saben en qué circunstancia ellos fueron detenidos y desaparecidos o ejecutados".
Lira explicó que este plan solo se ha manifestado en lo comunicacional y que el Ejecutivo solo se ha "encargado de realizar seminarios y eso es formación, educación, prevención. No tiene nada que ver con la conformación de la mesa de trabajo, con los proyectos de ley que garanticen los recursos para este plan".
La presidenta de la AFEP comentó que el plan del Gobierno se ha ido "diluyendo en el tiempo" y señaló que la urgencia "para esta sociedad, para realmente tener una democracia sana, es que se encuentren los detenidos y detenidas desaparecidas".
Lira fue enfática en señalar que ella no puede "avalar" el plan, puesto que ha visto una lentitud en su implementación y tampoco se le ha dado el carácter de permanente a la instancia.
La revictimización
A partir del 18 de octubre de 2019, varias ciudades de Chile fueron militarizadas por el estado de emergencia decretado por el Gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022), para controlar la grave crisis social y política que vivía el país. Situación que hoy continúa en el sur chileno con la militarización de las regiones del Biobío y La Araucanía que se arrastra desde hace más de un año como respuesta del Estado al conflicto mapuche.
Para Lira ver militares en las calles causa un daño "atroz, puesto que nuevamente se victimiza a los familiares de las víctimas que tienen que ver como aquellos que mataron, torturaron y desaparecieron a sus seres queridos controlan las calles del país".
La presidenta de la AFEP explicó que Chile es una sociedad que ha sido atravesada por la impunidad y la desesperación de no saber dónde están sus seres queridos.
Finalmente, Lira señaló que es muy importante "hablar y denunciar el tema, porque la impunidad biológica, como la impunidad que vivimos —la justicia tardía, cuando los crímenes de lesa humanidad caminan por las calles, que los crímenes contra la humanidad se votan como crímenes comunes—, no la podemos naturalizar".
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