Al cumplirse tres años de la masacre de Senkata, organizaciones sociales y familiares de las víctimas se reunieron a recordarlos en la plaza 25 de julio, el mismo lugar donde fueron velados los 10 cuerpos la noche del 19 de noviembre de 2019. El encuentro fue organizado por la Defensoría del Pueblo. Su titular, Pedro Callisaya Aro, dijo a Sputnik que ya es hora de que llegue la justicia para las familias afectadas de la ciudad de El Alto.
Cuando fue derrocado Evo Morales en 2019, gran parte de la población salió a las calles a defender su mandato. Pero la respuesta del Gobierno de facto de Jeanine Áñez (2019-2020), fue promulgar el decreto 4078, que dio vía libre a las Fuerzas Armadas y a la Policía para disparar contra la población, sin que por ello sean juzgados.
En pocos días sucedieron las masacres de Sacaba, en Cochabamba, el 15 de noviembre de 2019; y en esta ciudad de La Paz el día 19. También se atacó a la población en El Pedregal, en el sur paceño. El total de 38 muertes sirvieron para que los manifestantes dejaran de exigir en las calles el regreso de la democracia.
Eustaquia Ticona Mamani contó a Sputnik que, en la masacre, perdió a su hijo Antonio Quispe Ticona, de 24 años. Estaba cerca de la entrada de la planta de combustibles de Senkata, desde donde se distribuye gasolina y gas a todo el departamento de La Paz. Luego del derrocamiento de Morales, los vecinos bloquearon el acceso como método de protesta. Pero las Fuerzas Armadas llegaron en sus vehículos camuflados con el decreto 4078 en la mano.
Quien era ministro de Gobierno en ese momento, Arturo Murillo, justificó la intervención militar porque —según él y quienes defendían al mandato de Áñez— los manifestantes pretendían hacer estallar los inmensos depósitos de gas de la planta, lo cual habría ocasionado daños en 10 kilómetros a la redonda.
Pero esta descabellada teoría nunca fue demostrada por el Gobierno de facto. Hoy Murillo está preso en Estados Unidos por actos de corrupción durante su función pública. Áñez también está presa, a la espera de que se le inicien juicios por las masacres y su irregular toma del poder, entre otros delitos.
"Mi hijo estudió para ser militar durante dos años. Quería ser militar, era su anhelo. Me decía que me iba a llevar a vivir a la zona sur. 'Abajo, en Calacoto [el barrio rico de La Paz] vas a vivir mami', me decía", contó la mamá de Antonio.
"Ahora lo espero a mi hijo cada mañana, pero no llega. Miro sus papeles, lo que ha estudiado para ser militar. Todo eso recuerdo mucho", expresó Ticona.
Comentó que su hijo trabajaba para ayudarla: "Llegaba con su sueldo y me regalaba plata. 'Cocínate mami', me decía. Ahora no hay quien me ayude y yo tengo que trabajar", dijo la señora entre lágrimas.
"Queremos justicia, pido justicia nada más", sostuvo la madre, quien en todo momento sostuvo el retrato de su hijo.
Necesario ejercicio de la memoria
Familiares de las víctimas se reunieron junto al largo mural sobre la masacre de Senkata que hoy luce una de las paredes de la planta de Senkata, en la avenida 6 de marzo.
En 2019, la caída de ese muro sirvió de excusa al Gobierno para avalar el accionar de las Fuerzas Armadas y la Policía.
Desde esta pared, las familias marcharon durante cinco cuadras hasta la plaza 25 de julio. Allí se presentaron obras de teatro y bandas musicales que homenajearon a los mártires. Esta plaza está junto a la iglesia de Senkata, donde ese mismo 19 de noviembre se realizaron varias autopsias a los masacrados.
"Estos eventos para la recuperación de la memoria deben servir para que, justamente, no se reediten hechos luctuosos ni situaciones que genere violencia. Por eso realizamos este tipo de actividades con las familias de las víctimas, fundamentalmente recordándole a la sociedad boliviana que no se pueden reeditar hechos como los de 2019", dijo a Sputnik el defensor del pueblo.
Las organizaciones de familiares de las víctimas permanentemente reclaman al Gobierno para que no se retrase la justicia en este caso.
Para Callisaya, "el Ministerio Público y el Órgano Judicial deben cerrar la brecha de impunidad y lograr de parte del Estado una reparación integral a las víctimas".
En este sentido, el defensor aseguró: "Estamos haciendo seguimiento a todos estos procesos y exhortamos a las autoridades competentes a desarrollar los procesos de investigación".
Según Callisaya, "deben responder ante la justicia aquellas personas que han quitado la vida a estos 10 bolivianos en Senkata. Los órganos competentes tienen la responsabilidad de dar una respuesta a todos estos familiares de las víctimas".
Hasta el momento hay nueve jefes militares y policiales vinculados a la masacre del 19 de noviembre. Se les juzgará por la comisión de delitos de genocidio, homicidio, lesiones graves y leves.
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