El mecanismo de justicia encargado de investigar casos ligados al conflicto armado interno en Colombia sospecha que, a lo largo de 115,5 kilómetros del cauce artificial donde se desarrolla el megaproyecto del canal del Dique, a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), podrían encontrarse sumergidos más de 9.000 cadáveres.
El canal, ubicado al norte de Colombia, entre el municipio de Calamar y la bahía de la ciudad de Cartagena, está en un delta formado por las aguas del río Magdalena, la principal arteria fluvial del país. Su construcción se inició hace más de 500 años con el fin de unir varios pantanos y adecuarlo para la navegación entre el río y el puerto de Cartagena.
En los últimos cuarenta años de brutal violencia en el país, el sistema del canal fue testigo de tenebrosos asesinatos realizados por grupos paramilitares que arrojaban los cuerpos a las ciénagas y aguas para hacerlos desaparecer. Según el investigador Jasmar Pájaro, miembro del colectivo de Abogados del Karibe (Abokar), el canal del Dique es "la fosa común más grande del país".
La Procuraduría General de la Nación dio instrucciones al Ministerio de Transporte para que agilice la búsqueda de los cuerpos y ordenó la instalación de mesas de trabajo interinstitucionales con el objetivo de que se elabore un protocolo que apueste por la "salvaguardia y protección de cuerpos no identificados".
Si bien el proceso de licitación podrá continuar, las obras podrían verse afectadas por los protocolos de búsquedas de las desapariciones que requerirán de cuatro meses de trabajo.
En ese sentido, el ente de control garantizó la búsqueda, la identificación de los cuerpos de las personas reportadas como desaparecidas y que, se presume, fueron ocultadas en el afluente, además de que se "evalúen los impactos sociales y ambientales, con la participación de las comunidades interesadas".
28 de junio 2022, 19:01 GMT
En el sitio se desarrolla un megaproyecto fluvial que busca recuperar ecosistemas degradados y mitigar el impacto de inundaciones en la región. La ejecución de la obra, que se estima generará más de 60.000 empleos, se hará bajo concesión por un plazo de 15 años.
Se calcula que entre 1991 y 2015 se produjeron entre 6.700 y 9.600 desapariciones forzadas en el lugar y, según el diario El Tiempo, la JEP junto con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), ya tienen identificadas alrededor de 79 zonas donde podría haber cuerpos.
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