"En 12 días de paro promovido de forma ilegal por el Comité Cívico, las pérdidas económicas en Santa Cruz ascienden a más de 87 millones de bolivianos [12,6 millones de dólares], en cinco instituciones descentralizadas", según un comunicado del Ministerio de Obras Públicas.
A escala regional, las pérdidas ascienden aproximadamente a 40 millones de dólares diarios, lo que repercute a nivel nacional, según cálculos realizados por la viceministra de Tesoro y Crédito Público, Juana Jiménez, el 28 de octubre.
Santa Cruz, región agroindustrial del país y bastión de la oposición política al Gobierno de Luis Arce, mantiene un paro de actividades desde el 22 de octubre para exigir la realización del censo de población, que definirá una nueva redistribución económica y representación política ante el Congreso boliviano.
Actualmente, no existe acercamiento para el diálogo y el Gobierno boliviano determinó iniciar una reunión técnica con organismos internacionales el 4 de noviembre para establecer la fecha definitiva del censo.
El Censo de Población y Vivienda, establecido en la Constitución boliviana para realizarse cada 10 años, inicialmente estaba previsto para el 16 de noviembre de 2022, pero fue postergado por razones técnicas para el 2024, en una reunión del presidente Arce con autoridades regionales.
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