"[El convenio] replica y da el apoyo del Gobierno a un modelo de negocios que ha causado estragos en otras ciudades del mundo. Se trata de un duro golpe contra quienes hemos pugnado por legislaciones que contemplan la vivienda como un derecho humano y no como una mera mercancía", indicaron los inconformes en un comunicado.
"Otras ciudades como Barcelona, París, Berlín, Nueva York se han visto obligadas a tomar medidas drásticas contra el mercado de alojamiento temporal. Nos preocupa que en CDMX se tomen a la ligera este tipo de decisiones, ocultando vicios y peligros bien conocidos por especialistas, y sin consultarlo en ningún momento con sus habitantes", añadieron.
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