La Corte Federal de Miami dictará el 4 de enero próximo la sentencia contra Murillo, quien se declaró culpable. Al margen de esta condena, el exministro había cosechado varias denuncias en su Bolivia natal en las últimas décadas, que hasta ahora no fueron debidamente investigadas en el ámbito judicial.
Analistas consultados por Sputnik coincidieron en que luego del cumplimiento de su pena —probablemente seis años—, Murillo regresará a Bolivia, donde le aguardarían más procesos.
El caso de Murillo permite visibilizar que no solamente Jeanine Áñez (2019-2020) estuvo a cargo del Gobierno de facto que reemplazó a Evo Morales, quien acababa de ser reelecto. Varios políticos opositores al Movimiento Al Socialismo (MAS) también participaron de su mandato, que actualmente es investigado por la justicia boliviana.
El diputado del MAS Héctor Arce es de Cochabamba al igual que Murillo, por lo cual sabe de sus actividades desde hace décadas: "Murillo es parte de la vieja política de Bolivia. Ha sido parte de un sistema político corrupto, que pactaba en la Asamblea con maletines", dijo a Sputnik.
Arce recordó que con el derrocamiento de Evo Morales, "en su condición de senador y durante el golpe asumió el cargo de ministro de Gobierno. El señor Murillo no se olvidó de esas prácticas corruptas en el ejercicio como ministro lamentablemente. Y así le robó al país".
Murillo, de 58 años, será sentenciado en EEUU por haber recibido 532.000 dólares en concepto de soborno por parte de una empresa estadounidense para asegurar en 2020 la compra de materiales represivos destinados a la Policía boliviana, por un total de 5,6 millones de dólares.
14 de julio 2021, 15:19 GMT
La distribución del dinero en diferentes cuentas alertó de inmediato a las autoridades financieras de EEUU, las cuales comenzaron una investigación que concluyó en la detención de Murillo y sus cómplices en mayo de 2021 en Miami, estado de Florida.
"Robó como un vulgar delincuente. Por eso hoy enfrenta un proceso en EEUU. Y va a tener que responder por otros delitos. Una vez que cumpla su condena allá, va a tener que venir a explicarle también al pueblo boliviano", remarcó el diputado.
Los cómplices, de nacionalidad boliviano-estadounidense, también se declararon culpables y fueron sentenciados por los mismos delitos: Philip Lichtenfeld, a 26 meses de prisión y una multa de 75.000 dólares; Bryan y Luis Berkman, a 28 meses de cárcel, además de 300 a 1.000 horas de trabajo comunitario.
Sergio Méndez fue sentenciado a 42 meses de prisión y de 300 a 1.000 horas de trabajo comunitario.
¿Se puede confiar en la Justicia de EEUU?
"Yo lo veo con cierto pesimismo. Se habla de una sentencia de seis años para Murillo. Esperemos que no dilaten y no den vueltas, porque no hemos visto un actuar y accionar transparente en la justicia de EEUU", confió Arce, en referencia al proceso realizado al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003) por su participación en la llamada Guerra del Gas.
En 2018, un juzgado de ese país condenó a Sánchez de Lozada a pagar 10 millones de dólares a los familiares de las 67 personas asesinadas por la Policía y el Ejército cuando él era presidente. Pero por su estatus de refugiado, nunca cumplió la sentencia.
"Esa es la justicia que hay. Esperemos que se imponga una sanción proporcional al delito que ha cometido", dijo el diputado, y agregó que los delitos más graves se relacionan con las vulneraciones de derechos humanos cometidos durante el Gobierno de Áñez.
16 de agosto 2022, 15:57 GMT
"Se dispararon entre ellos"
Cuando fueron las masacres de Sacaba, en Cochabamba (15 de noviembre de 2019) y de Senkata, en El Alto (19 de noviembre del mismo año) el entonces ministro Murillo dijo en conferencia de prensa que las muertes de veinte personas en total se había producido porque "se dispararon entre ellos".
Aclaró que los campesinos y manifestantes fueron armados a las protestas y, como no tenían conocimiento suficiente para manejar los artefactos, terminaron en un baño de sangre.
Las posteriores investigaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinaron que en realidad habían sido acribillados por policías y militares, que actuaron al amparo del decreto 4078 firmado por Áñez y su gabinete.
Arce recordó que Murillo "fue uno de los ministros más sanguinarios de Áñez, que impuso un régimen de terror, de persecución brutal contra toda aquella persona que piense diferente, que levante la voz y abra la boca".
Murillo "persiguió, asesinó, masacró y encarceló de manera injusta", mencionó el diputado. Enumeró más de 37 asesinatos de civiles, más de 800 personas heridas y 1.500 aprehensiones ilegales.
Arce se mostró preocupado por la posibilidad de que "Murillo esté negociando para bajar su condena dando alguna u otra información errónea", evaluó.
De empresario hotelero a preso en EEUU
Hasta la década del 90, Murillo fue un empresario hotelero basado en el Trópico de Cochabamba. En 2000 comenzó a militar en Unidad Nacional —UN, de centroderecha— y en 2006 ingresó al Congreso como diputado por su departamento.
En 2015 juró como senador también por UN y en 2019, golpe mediante, como ministro de Gobierno de Áñez.
El analista político Rodrigo Eid Peredo aseguró que "a través de sus recursos, Murillo ha logrado acceder a la compra de espacios en candidaturas seguras, de la denominada placa de seguridad", integrada por los primeros nombres de las listas partidarias a asambleístas, en este caso.
Según Eid, además de la gestión de la compra de material represivo a países como Argentina, Brasil, Ecuador y EEUU, durante la pandemia de COVID-19, el Gobierno de Áñez recibió a través de sus ministros donaciones de otros países, las cuales nunca fueron registradas en organismos del Estado.
"Organizaciones internacionales habrían realizado donaciones de recursos y material sanitario que no fue certificado, por lo tanto no se sabe adónde han ido a parar, ni de qué manera han llegado", dijo.
En septiembre de 2020, semanas antes de abandonar el Gobierno de Áñez, Murillo puso sus esfuerzos en reprivatizar la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica (ELFEC), de Cochabamba, nacionalizada por Morales en 2010.
"Fue una acción realmente torpe, poco inteligente. Así se ha desenvuelto en la vida política y empresarial", consideró el comunicador, quien se desempeñó como asesor en varios ministerios del Gobierno.
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