"En 40 días hábiles, la Fiscalía General deberá crear y poner en funcionamiento el Banco Nacional de Datos Forenses, herramienta fundamental para la unificación, sistematización, y el cotejo continuo de la información forense, incluida la genética de los más de 52.000 cuerpos sin identificar en el país", informó el organismo de la Compañía de Jesús.
El magistrado emitió una sentencia en la que otorga un amparo judicial solicitado por una de las familiares de personas desaparecidas, detalla el informe de los defensores de víctimas de abusos de autoridades.
"La FGR ha sido omisa en la creación de esta herramienta, pese a que la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, lo ordena desde 2017", dice la institución jesuita en un comunicado.
El dictamen judicial concede el amparo solicitado por Olimpia Montoya, quien busca a su hermano desaparecido en Guanajuato (centro), y confirmó la responsabilidad de esa institución de procuración de justicia.
Campaña por identificación
Por medio de la campaña "Identificación Ya", las familias de personas desaparecidas hacen un llamado a las autoridades de la Fiscalía para que cumplan la sentencia que les otorga el amparo judicial y garanticen sus "derechos de búsqueda, verdad y acceso a la justicia".
El dictamen fue emitido por el primer juez de distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región con sede en el central estado de Zacatecas, para ordenar a las autoridades de la Fiscalía hacer todo lo necesario para lograr ese objetivo.
Las acciones exigidas por el magistrado federal incluyen la "obtención de recursos económicos, la creación formal de las herramientas tecnológicas, la coordinación en grupos de trabajo de personas expertas en diferentes disciplinas", o crear lineamientos y reglas para su funcionamiento.
Los abogados que acompañan a las familias de las personas desaparecidas denuncian que la FGR "ha incumplido su obligación de crear y poner en operación esta herramienta de identificación".
Las acciones exigidas por el magistrado federal incluyen la "obtención de recursos económicos, la creación formal de las herramientas tecnológicas, la coordinación en grupos de trabajo de personas expertas en diferentes disciplinas", o crear lineamientos y reglas para su funcionamiento.
Los abogados que acompañan a las familias de las personas desaparecidas denuncian que la FGR "ha incumplido su obligación de crear y poner en operación esta herramienta de identificación".
Desde 2017, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, promovida por las familias de personas desaparecidas, estipula que operar el banco de datos forenses es una obligación de la Fiscalía.
En el fallo indica que "no es ajeno al profundo dolor que provoca la desaparición" y reconoce la forma en la que "las familias se ven obligadas a realizar una búsqueda por sí mismas y la existencia de obstáculos institucionales durante estos procesos".
La decisión del magistrado toma en cuenta las recomendaciones y resoluciones provenientes de organismos internacionales como el Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés), el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas y el Comité de Derechos Humanos del organismo mundial.
En el fallo indica que "no es ajeno al profundo dolor que provoca la desaparición" y reconoce la forma en la que "las familias se ven obligadas a realizar una búsqueda por sí mismas y la existencia de obstáculos institucionales durante estos procesos".
La decisión del magistrado toma en cuenta las recomendaciones y resoluciones provenientes de organismos internacionales como el Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés), el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas y el Comité de Derechos Humanos del organismo mundial.
El 27 noviembre del año pasado, el CED planteó al Gobierno de México los retos en la protección de los derechos humanos por las más de 94.000 personas desaparecidas, al final de su primera visita de dos semanas al país latinoamericano.
La cifras de la estatal Comisión Nacional de Búsqueda de Personas muestran que una de cada tres personas desaparecidas se han registrado en el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, al contabilizarse 31.533 casos de desaparición desde diciembre de 2018, cuando comenzó la actual administración.
La cifras de la estatal Comisión Nacional de Búsqueda de Personas muestran que una de cada tres personas desaparecidas se han registrado en el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, al contabilizarse 31.533 casos de desaparición desde diciembre de 2018, cuando comenzó la actual administración.
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