Se trata de una transmisión en vivo desde su canal de YouTube en donde hay una foto de la primera ministra británica, quien asumió el cargo los primeros días de septiembre, y una lechuga. "¿Podrá Liz Truss sobrevivir a esta lechuga?", se lee en el video.
La apuesta es justamente esa, ¿podrá durar Truss más tiempo en el 10 de Downing Street que la lechuga en descomponerse?
Y es que el medio en cuestión asevera que en tan solo un mes al mando del gobierno británico, la sucesora de Boris Johnson ha creado un lío económico en Reino Unido. ¿Qué tiene que ver una lechuga en todo esto?
La primera ministra fue comparada con el vegetal en una columna publicada en The Economist en donde fue apodada como "La dama del iceberg" y que apunta a que Truss será recordada como la gobernante con el paso más breve, además de que su gobierno tiene la misma caducidad de una lechuga.
Daily Star también publicó una encuesta para saber qué pensaban los usuarios... quienes apostaron por la lechuga.
¿Qué está pasando en Reino Unido?
La gota que tal vez derrame el vaso es la reciente salida de Kwasi Kwarteng, canciller de la Hacienda del Reino Unido y autor del escandaloso plan de apoyo a la economía, quien presentó este 14 de octubre su dimisión.
Previo a la salida del canciller, el Gobierno de Truss fue sometido a fuertes críticas por el nuevo plan de apoyo a la economía y los recelos de que el Gabinete aumente el volumen de la deuda pública para cumplirlo.
El plan fue presentado a finales de septiembre en el Parlamento por Kwarteng y estipula efectuar un masivo recorte de impuestos. Una vez anunciado ese plan, la rentabilidad de los valores del Estado registró el 4,6%, o el nivel máximo desde 2008, lo cual lleva consigo la caída de la demanda de las obligaciones de deuda. En relación con eso cayó bruscamente la moneda nacional, hasta el mínimo histórico de 1.054 dólares por libra esterlina.
Una de las medidas de apoyo estipulaba reducir el impuesto sobre la renta del 45% al 40% para los ingresos superiores a los 150.000 libras esterlinas al año, lo cual costaría al Gobierno hasta 2.000 millones de libras esterlinas al año. El 10 de octubre, Kwarteng anunció la suspensión de esta última medida en medio de las manifestaciones de disgusto de la población.
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