"Ratificar el reconocimiento de su responsabilidad internacional contenido en el decreto 812 de 2005 por la violación a los derechos humanos de las víctimas de la AMIA y sus familiares", sostuvo este viernes la coordinadora de la Unidad Especial AMIA del Ministerio de Justicia, Natalia D'Alessandro.
A través de su exposición, el Estado argentino reconoció que el ataque a la AMIA fue "el peor ataque terrorista contra la sociedad argentina".
El ataque a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) fue el mayor atentado terrorista de la historia de Argentina. El ataque ocurrió el 18 de julio de 1994, cuando un coche bomba fue impactado contra la AMIA, provocando la muerte de 85 personas y dejando heridas a 300 más.
Tras 28 años desde que ocurrió el atentado, no ha sido arrestado ninguno de los autores, mientras que ningún sospechoso ha sido juzgado.
"El Estado tampoco protegió las víctimas frente a circunstancias que demostraban un riesgo específico para la AMIA, como las denuncias de servicios de inteligencia extranjeros sobre un posible atentado o el sobrevuelo del helicóptero en la calle Pasteur 633 momentos antes del ataque", señaló D'Alessandro respecto de la ubicación de la sede de la AMIA.
La entonces Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) no hizo nada con la información que contaba en relación a Mohsen Rabbani, un clérigo que era consejero cultural de la Embajada de Irán en Buenos Aires en 1994 y que es considerado uno de los principales imputados del atentado a la AMIA, además de ser sospechoso de estar involucrado en el ataque a la Embajada.
Durante su disertación, la responsable de la Unidad Especial AMIA reconoció que al patrullero de la Policía Federal asignado a la mutual judía no le funcionaba el vehículo ni el aparato de comunicaciones, ni tenía coordinación con la seguridad privada del organismo.
"El Estado argentino no protegió a las víctimas de la AMIA, y también es responsable de la violación de los derechos a la protección judicial, a las garantías judiciales y a la verdad y al acceso de la información", declaró.
No se trató de una negligencia, porque "quienes eran responsables del poder público —los fiscales, el juez, las Fuerzas de Seguridad, los agentes de inteligencia e incluso integrantes del Poder Ejecutivo— tomaron la decisión de encubrir la verdad y torcer la investigación acusando a inocentes y resguardando a personas cercanas del poder político de ese entonces", profundizó D'Alessandro.
El exvendedor de partes de automóviles, Carlos Telleldín, acusado de entregar la camioneta Trafic que supuestamente estalló en la mutual judía, fue sobornado con 400.000 dólares de la SIDE que le entregó el entonces juez a cargo de la investigación del caso, Juan José Galeano, para inculpar a cuatro policías de la provincia de Buenos Aires como integrantes de un presunto grupo local que prestó logística para el ataque.
El magistrado, los fiscales y la SIDE incurrieron así en la "mayor bajeza institucional desde el retorno de la democracia" de 1983, aseguró la funcionaria.
El Estado argentino también reconoció su responsabilidad por no proteger a las víctimas y sí amparar a un empresario de origen sirio, Alberto Jacinto Kanoore Edul, cercano al entonces presidente Carlos Menem (1989-1999).
"El Estado argentino también es responsable porque la perpetración de todos estos desvíos institucionales no hubiese sido posible sin el secreto sobre las actividades de inteligencia y sobre los fondos reservados de la entonces SIDE", puntualizó D'Alessandro.
De este modo, la nación sudamericana "ha faltado a su deber de garantizar la construcción de verdad y memoria colectiva a la AMIA", observó .
Por eso es responsable "de todas las manifestaciones de impunidad, por el armado de una acusación falsa, por la cooptación de la justicia de los servicios de inteligencia, por la corrupción, por la falta de seguimiento de líneas lógicas de investigación, por los plazos completamente irrazonables de tramitación de la actuaciones judiciales".
El Estado argentino tampoco atendió sus obligaciones al encubrir la verdad, "por la falta de construcción de memoria colectiva, y sobre todo, por la manipulación política de la causa a servicio de intereses nacionales y extranjeros inescrupulosos", resumió la responsable de la Unidad.
La audiencia convocada por la Corte IDH, que se celebró el jueves 13 y este viernes 14 de octubre en Montevideo, Uruguay, surge de la demanda que presentaron en 1999 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las agrupaciones Memoria Activa, que reúne a familias de las víctimas, y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
9 de septiembre 2022, 15:17 GMT
En octubre de 2020, la CIDH elevó el caso a la Corte IDH.
Tras ser apartado de sus funciones en 2003 y ser destituido en 2005, el juez Galeano recibió en febrero de 2019 la pena de seis años de prisión por peculado, prevaricato, privación ilegal de la libertad agravada, encubrimiento y violación de medios de prueba, en un juicio que investigó el encubrimiento del atentado a la AMIA y en el que Menem resultó absuelto.
En ese debate oral, que condenó a ocho de los 13 acusados, se investigaron las irregularidades del proceso inicial de la pesquisa, cuando se intentó averiguar quiénes eran los responsables del atentado, una operación en la que participaron jueces, fiscales, agentes secretos y policiales.
La investigación principal del atentado, por completo paralizada, considera como supuestos planificadores del ataque a agentes y exfuncionarios iraníes, pero la justicia argentina ha sido incapaz de presentar pruebas contundentes en su contra y además no ha podido someterlos a juicio porque no existe acuerdo de extradición con Irán.
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