Grandes despliegues policiales con helicópteros expulsan de esos terrenos a los nativos, que han instalado viviendas con elementos básicos, como madera y paja, o en algunos casos simples carpas, dejando a familias enteras a la deriva, sin lugar a dónde ir.
Líderes indígenas y defensores en derechos humanos advirtieron, en diálogo con la Agencia Sputnik, que la modificación al Código Penal, aprobada el año pasado y que define como delito la ocupación ilegal de tierras privadas, promueve el "desalojo forzoso" y "viola los derechos humanos". Dicha modificación hizo que se pasara de una pena de dos años a una de 10 en caso de ingresar a un inmueble ajeno sin consentimiento del titular.
Por el lado del Ejecutivo, se niega que realmente estén ocurriendo violaciones de derechos humanos o desalojos forzosos. Sin embargo, el director de derechos humanos del Ministerio del Interior, Hugo Samaniego, dijo a Sputnik que desde su cartera solo puede acatar las órdenes que vienen desde el Poder Judicial.
"Se viene dando una política de criminalización y represión muy fuerte hacia el sector rural, que siempre tuvo como víctimas a campesinos y comunidades indígenas que demandan sus derechos de ocupación", dijo a la Agencia Sputnik el abogado de la organización gubernamental Tierraviva, Óscar Ayala.
El 30 de septiembre, el presidente Mario Abdo Benitez promulgó, en menos de 24 horas, una modificación del Código Penal que define como delito la ocupación ilegal de tierras privadas.
Desde la Organización Nacional de Aborígenes Independientes se afirma que desde septiembre del año pasado 15 comunidades fueron desalojadas, lo que afectó a 3.000 personas.
Cifras
Según datos de Tierraviva, en Paraguay viven 122.000 personas indígenas pertenecientes a 19 pueblos, que se distribuyen en más de 600 comunidades en todo el territorio.
Los pueblos indígenas son la población con peores indicadores sociales en el país, con un 66,2% de ellos viviendo en la pobreza y 34,4 en la extrema pobreza, "a consecuencia de la exclusión de las políticas públicas como la desposesión de sus tierras y recursos naturales por parte de actores económicos agroexportadores", indica la organización.
Se calcula que 37% de las tierras ancestrales indígenas en Paraguay está en manos de terceros.
En este tema, el Estado paraguayo ya cuenta con tres sentencias en su contra de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por violar derechos humanos de pueblos indígenas.
Procesado por una cobertura
El secretario de la Organización Nacional de Aborígenes Independientes, Amado Portillo Benítez, recordó que uno de los desalojos más emplebáticos ocurrió contra la comunidad Hugua Poi, el 18 de noviembre de 2021.
"En el desalojo actuaron más de 350 efectivos policiales con armas de gruesos calibres, con apoyo de un helicóptero para el desalojo irregular de esta comunidad, asentada en el distrito de Raúl Arsenio Oviedo departamento de Caaguazú", recordó.
Según la Organización Base Investigaciones Sociales, los indígenas ocupaban unas 1000 hectáreas que forman parte de su territorio ancestral.
"El aparatoso desalojo se realizó con la presencia de decenas de policías fuertemente armados. Sin embargo no se dio la presencia de ninguna institución que pueda proteger a niños, niñas y ancianos que fueron desplazados a la vera de la Ruta apenas con las pocas cosas que pudieron rescatar", señaló en una nota publicada en su página web.
El artículo añade: "Tras el desahucio, los cultivos de las familias indígenas fueron destruidos así como sus viviendas y templos. (…) Las tierras reclamadas por los indígenas serán entregadas a sojeros de origen alemán".
Por su parte, Portillo Benítez contó que luego de ese hecho, no pudo salir más de su casa ya que la Justicia lo procesó por "invasión" tras realizar una cobertura sobre el desalojo.
"Yo me dediqué ese día a la cobertura del hecho en vivo. Y en febrero de este año la comunidad fue nuevamente reocupada con el acompañamiento de varias organizaciones indígenas y campesinas. Ese día nuevamente fui a tomar la cobertura como comunicador indígena. Y ahí fue uno de los oficiales que me reconoció y me procesaron con orden de captura con la causa caratulada por invasión a inmuebles ajeno. Hasta hoy estoy con problemas judiciales", afirmó.
Sostuvo que gracias a los abogados de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), no fue preso en una cárcel, pero se tuvo que quedar en su comunidad sin poder salir a ninguna parte.
"Me procesaron para que no se difundan los desalojos y nadie se entere de lo que está pasando, lastimosamente", agregó.
Sistema "frágil"
Ayala consideró que la institucionalidad de Paraguay es "frágil", por lo que el Estado termina favoreciendo a la industria, a la producción de soja y a la ganadería, cuyos intereses se contraponen con los de los indígenas y campesinos.
Además, Paraguay tiene un problema "no resuelto" que tiene que ver con las tierras mal habidas, que vienen de la dictadura, ya que Alfredo Stroessner (1954-1989) entregó propiedades a personas no sujetas a la reforma agraria, indicó.
"Esas tierras hoy en día están en manos de muchas de estas empresas, de particulares, o personas que iban adquiriendo títulos que violaron las disposiciones incluso de la dictadura", expresó Ayala.
Paraguay establece en el capítulo 9 de su Constitución una reforma agraria que tenga como prioridad "incorporar a la población campesina al desarrollo económico de la nación"; sin embargo, dicho cometido no ha sido llevado a cabo por el Estado.
Según la organización no gubernamental británica Earthsight, Paraguay es el país más desigual del mundo en términos de distribución de tierra, el 90% de su territorio está en manos de solo 12.000 personas; el 10% restante está dividido entre más de 280.000 pequeños y medianos cultivadores.
18 de abril 2022, 22:57 GMT
Durante la dictadura de Stroessner, alrededor de 8 millones de hectáreas de tierras fueron entregadas irregularmente a personeros de la dictadura, según un informe de Base Investigaciones Sociales.
Versión del Gobierno
Por su parte, Samaniego, del Ministerio del Interior, negó "categóricamente" que ocurran desalojos forzosos o violación de derechos humanos.
"En nuestra calidad de directores de derechos humanos, luchamos a favor de la gente. Toda situación de desalojo se atañe a una orden judicial o fiscal. A veces incluso no hemos acatado la situación. Pero la Fiscalía ordena el procedimiento y la Policía tiene que acatar la orden judicial. Pero siempre hemos acompañado y hemos tratado de dialogar para que no haya violencia", indicó.
En referencia a la modificación del Código Penal, Samaniego expresó su discrepancia.
"No estoy de acuerdo que nadie se vaya detenido por eso. No es el Gobierno, acá hay tres poderes del Estado y en toda intervención hay una orden judicial. No estoy de acuerdo en ningún hecho de violencia. Eso no está en nuestra conducta. Hay que deslindar responsabilidades", agregó.
La modificación del Codigo fue promovida como respuesta a otra iniciativa que proponía justamente lo contrario: despenalizar la ocupación de tierras, una propuesta del senador Pedro Santa Cruz, del Partido Democrático Progresista (centroizquierda), que nunca llegó a ser discutida, informó la prensa local.
Esta norma fue promovida en mayor medida por el oficialista Partido Colorado (derecha).
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