Según la prensa argentina, el joven que intentó disparar a Cristina Fernández de Kirchner había adquirido el arma de manera ilícita en Villa del Parque (noroeste de Buenos Aires), el viejo barrio donde Fernando Sabag Montiel, de 35 años, vivió junto a sus padres.
El caso reavivó la polémica por la facilidad para adquirir armas en el mercado negro y la necesidad de realizar un exhaustivo control de armas en la población, una tarea difícil pero con la que están comprometidos muchos países de la región.
De acuerdo a un estudio del proyecto suizo de investigación independiente Small Arms Survey publicado en 2018, en América Latina y el Caribe hay alrededor de 60 millones de armas de fuego en manos de civiles.
Brasil lidera la región como el país con mayor cantidad de civiles armados, tanto de forma legal como ilícita, seguido de México, Venezuela y Colombia.
Argentina
En Argentina, la Ley Nacional de Armas y Explosivos 20.429 regula la adquisición, el uso, la tenencia, portación así como la transmisión de cualquier título o el transporte de armas.
En el país quienes quieran adquirir un arma deben primero obtener su tenencia, una habilitación que permite transportarla descargada y separada de sus municiones y usarla únicamente para fines lícitos como la caza o el tiro deportivo.
El trámite se realiza ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), organismo que también tiene entre sus objetivos "la cooperación en el desarrollo de una política criminal en la materia" y "el desarrollo e implementación de políticas de prevención de la violencia armada".
México
El país norteamericano reconoce el derecho a la portación de armas en su Constitución, inclusive con fines de seguridad personal.
En efecto, el artículo 10 de la Constitución Federal de México reconoce que sus habitantes "tienen derecho a poseer armas en su domicilio, para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la Ley Federal y de las reservadas para el uso exclusivo de la Fuerza Armada permanente y los cuerpos de reserva".
El texto aclara que "la Ley Federal determinará las condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la portación de armas".
En este caso, la Constitución otorga esta potestad como garantía de la vida y la inviolabilidad del domicilio, aunque para acceder a ella se debe realizar un trámite (que tiene una vigencia de dos años) ante la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), organismo que otorga los permisos y donde se realiza el posterior Registro Federal de Armas.
Venezuela
El país ha fomentado políticas que buscan restringir al máximo el acceso a armas entre la población civil. En ese sentido, la administración de Nicolás Maduro suspendió en 2019 la portación de armas en todo el territorio nacional con el fin de garantizar la seguridad ciudadana, la paz y el orden interno.
La medida excluyó a las Fuerzas Armadas, funcionarios policiales y de seguridad de diversos organismos del Estado y personal dedicado a la seguridad de empresas de transporte de valores.
Anteriormente, el Gobierno había promulgado en 2013 la Ley de Desarme y Control de Armas y Municiones que, entre sus 126 artículos, restringe la venta de armas a particulares, sanciona a quienes incumplan la normativa con entre siete y 20 años de prisión y además crea un fondo destinado a víctimas de la violencia armada.
2 de septiembre 2022, 17:53 GMT
Además, el Ejecutivo lleva adelante un plan de desarme voluntario, en el que se alienta a los venezolanos a entregar armas de fuego o municiones que podrían constituir un riesgo para la vida.
De acuerdo al Ministro de Justicia, Remigio Ceballos, desde el año 2003 se destruyeron más de un millón de armas como parte de las políticas de desarme, iniciativa a cargo de la Dirección General de Armas y Explosivos (DAEX).
Colombia
El porte de armas en el país ha sido muy discutido en el último tiempo: en 2021 el Gobierno de Iván Duque reglamentó el decreto 1417, que establece un procedimiento para la obtención de la licencia y porte de "armas traumáticas" con motivos de defensa personal.
"Los particulares, previo permiso de autoridad competente, podrán tener y/o portar las armas traumáticas de uso civil", aclara el texto, que además clasifica las armas en tres categorías: de guerra o uso privativo de las Fuerza Pública, de uso restringido y de uso civil para defensa personal.
A su vez, en enero de 2022, el Gobierno sancionó la ley 2197 de Seguridad Ciudadana, que además de modificar la duración de penas ya existentes y reconocer nuevos delitos vinculados a la violencia armada, establece criterios para la importación, exportación, comercialización y el porte de armas y municiones.
La reglamentación requiere que los particulares deban solicitar un permiso ante el Departamento Control Comercio de Armas, Municiones, Explosivos y Sustancias Químicas Controladas (DCCAE), una dependencia del Comando General de las Fuerzas Militares tanto para el porte de armas como para cualquiera de sus municiones.
La normativa crea también el Registro de Armas Menos Letales, que implica que todas las armas que se encuentren en circulación deben ser marcadas. Para realizar este trámite, los colombianos tienen plazo hasta noviembre de 2023.
Actualmente, la tenencia ilícita de armas es un problema para el país y un delito, que es penado con nueve y hasta 12 años de prisión, aunque podría extenderse de considerar la presencia de agravantes.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha declarado que "se deben eliminar los permisos especiales de armas" y llevar adelante "un plan de desarme" en el país como estrategia para combatir la criminalidad.
Brasil
El Gobierno del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en funciones desde enero de 2019, ha flexibilizado la posesión de armas y los mecanismos para su control con al menos 30 decretos en la materia, en consonancia con sus promesas de campaña.
Un informe de la organización Foro Brasileño de Seguridad Pública (FBSP) indica que desde 2019 el número de ciudadanos y residentes registrados en el país para la portación de armas aumentó 474%.
Según recoge el Ejército Brasileño, mientras que a fines de 2018 había 117.500 armas en manos de civiles, para julio de 2022 el número de armas ascendió a 673.800, cifra que supera el total de policías habilitados en el país (alrededor de 406.300).
Las flexibilizaciones han despertado las alertas de algunas organizaciones y expertos que advierten los peligros de que bandas criminales se beneficien de las normativas, así como que los civiles puedan acceder a armamento más sofisticado que la misma policía.
Recientemente, la Corte Suprema de Brasil, restringió temporalmente las facilidades de compra de armas, en vísperas de las elecciones generales del país previstas para el próximo 2 de octubre.