Una de las acciones emprendidas por las autoridades locales ha sido colocar botones de pánico que permitan a profesores, personal administrativo y directivo alertar a los cuerpos de seguridad sobre un ataque armado como el que ocurrió el pasado 24 de mayo en una escuela de Uvalde, Texas, en lo que se considera la peor masacre estudiantil del país norteamericano en una década.
En estados como Kansas se han invertido más de 2,1 millones de dólares en un servicio llamado CrisisAlert, el cual consiste en un sistema de botones de pánico que permite a cualquier persona del plantel educativo emitir una alerta de tiroteo e iniciar un resguardo, según reportan medios y agencias estadounidenses como The Associated Press (AP).
El sistema permite avisar a los profesores y a toda la planta laboral del colegio que hay un tiroteo en curso, al tiempo que alerta a las autoridades. CrisisAlert también puede ser desactivado de manera silenciosa por maestros que detecten que se trata de una broma.
Este tipo de sistemas de seguridad no son nuevos. De hecho, en el tiroteo escolar de Uvalde, en Texas, se contaba con un sistema similar que funcionaba a través de una aplicación. Sin embargo, no fue tan efectivo dado que en el plantel había una pésima conexión Wi-Fi y algunos profesores optan por mantener apagados sus teléfonos durante sus clases.
A raíz del tiroteo de Uvalde, las ventas de CrisisAlert subieron un 270% este año, según los datos de la empresa creadora Centegix.
Desde 2018, estados como Florida y Nueva Jersey impulsaron leyes que obligan a las escuelas a tener sistemas de seguridad y monitoreo que permitan actuar en una situación de emergencia.
Tras el tiroteo de Uvalde, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, promulgó una ley para obligar a las escuelas a instalar botones de pánico silenciosos, al igual que en Oklahoma, donde de hecho ya se contaba con un sistema de alarma en aplicaciones móviles.
Estados como Nebraska, Texas, Arizona y Virginia también se han sumado a este tipo de iniciativas que han sido criticadas por los políticos y la sociedad civil que apuestan por la capacitación de policías y maestros. También han pedido que a los docentes se les autorice portar armas o guiar a los alumnos a refugios antibalas.
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