"La persecución judicial contra la vicepresidenta Cristina Fernández es una muestra evidente de que el lawfare está más vivo que nunca en nuestro país", sostuvo la secretaría en un comunicado.
El organismo, bajo la órbita del Ministerio de Justicia, observó que la guerra jurídica, o "lawfare", representa una "práctica violatoria de los derechos humanos que opera como condicionante de los procesos electorales, de la agenda política y de la opinión pública".
En el análisis de esta situación, la institución que dirige Horacio Pietragalla apeló a la Corte Suprema, "que debería intervenir para restablecer la legitimidad del servicio de justicia".
"Es claro que en estas causas judiciales, como las que enfrenta la expresidenta (2007-2015), bajo la excusa de la investigación y sanción de hechos de corrupción, se violan garantías fundamentales del Estado de derecho", aseguró la secretaría.
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