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La Procuraduría de Colombia investiga un escándalo de corrupción con dinero para la paz

BOGOTÁ (Sputnik) — La Procuraduría de Colombia abrió actuaciones disciplinarias por irregularidades en la aprobación y ejecución de recursos destinados a proyectos del acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las FARC.
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"El Ministerio Público adelanta 24 actuaciones disciplinarias por presuntas irregularidades en la aprobación y ejecución de los proyectos con recursos del Sistema General de Regalías [SGR] viabilizados, priorizados y avalados por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión [OCAD]-Paz", anunció en un comunicado.
Según el ente de control, se llevan a cabo pruebas para verificar si hubo conductas irregulares de los funcionarios y la afectación del uso de los recursos del SGR en proyectos, por cerca de $250.000 millones (57.000 dólares), ubicados en municipios priorizados para el posconflicto (PDET) en Amazonas, Antioquia, Bolívar, Cauca, Cesar, Córdoba, La Guajira, Nariño, Quindío, Risaralda, Sucre, Tolima y Valle del Cauca.
"El Grupo Especial de Seguimiento al SGR de la Procuraduría priorizó el análisis de 27 proyectos de inversión aprobados por el OCAD-Paz, por más de $437.000 millones [108.000 dólares], y observó riesgos y presuntas irregularidades en la ejecución de estas iniciativas que dieron lugar a abrir 10 indagaciones previas y dos investigaciones disciplinarias", informó.
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Por otra parte, la Procuraduría avanza en 12 actuaciones disciplinarias por presuntas irregularidades en el manejo de estos recursos y en la ejecución de proyectos del OCAD-Paz por parte de funcionarios del Fondo Colombia en Paz, el Instituto Nacional de Vías (Invías), la Agencia de Renovación del Territorio, el ministerio de Educación, la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, las gobernaciones de Cauca y Caquetá, y de las administraciones municipales de Fonseca y Urumita en La Guajira.
El escándalo de los recursos de paz fue revelado por la emisora Blu Radio y asegura que varios funcionarios cobraban un porcentaje del valor de los proyectos para incidir en su trámite.
Las FARC y el Estado colombiano firmaron el acuerdo de paz en 2016 y desde entonces se crearon varios organismos estatales para promover proyectos productivos y la reinserción en la sociedad de los excombatientes.
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