La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador –CONAIE- presentará una denuncia penal contra el presidente Guillermo Lasso y el ministro del Interior, Patricio Carrillo, así lo anunció a En Órbita el abogado de la organización indigena, Lenin Sarzosa.
El motivo de la denuncia refiere a la forma en la que fue arrestado el presidente de la CONAIE, Leonidas Iza, quien posteriormente fue puesto en libertad pero que afronta un proceso penal por supuesta paralización de servicios.
Iza, que fue liberado con medidas alternativas a la prisión ordenadas por una jueza de Cotopaxi, acusó al Ejecutivo de ejercer presión política sobre jueces y fiscales para que lo enjuicien y consideró que fue secuestrado.
En medio de la tensión social y política que generó el encarcelamiento del líder indígena, el presidente de la CONAIE anunció que en 16 provincias se mantiene la movilización contra el Gobierno.
El abogado de la CONAIE explicó que la denuncia contra Lasso y el ministro del Interior, Patricio Carrillo, apunta a ponerlos como responsables de una detención que fue “arbitraria” y estuvo “plagada de irregularidades”.
“Es un caso tan grosero y con tantas irregularidades que lo llevaremos a las instancias que sean necesarias, por ejemplo, fue interceptado por elementos y grupos de élite del Ejército que no tienen la posibilidad legal de hacer detenciones, a lo que se suma la violencia del arresto”, sostuvo.
“Es claro que hubo una orden de Presidencia y del Ministerio del Interior para poder aprenderlo y pensaron luego que iban a formalizarlo pero ocurrió que la Fiscalía emitió un comunicado donde informó que no existe una investigación abierta ni un proceso donde un juez pueda establecer una orden de captura, por lo que quedó clara la advertencia de Fiscalía de que fue un proceso arbitrario e ilegal”, explicó.
Sarzosa indicó que la liberación de Iza fue, antes que nada, “un triunfo del movimiento social”:
“Después de todo lo vivido y la presión del Estado sobre los jueces, la liberación vía medidas sustitutivas no fue solo un triunfo legal sino del movimiento social que decidió respaldar masivamente y pedir su liberación inmediata”, indicó.
En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— la decisión del Congreso peruano de cambiar la condición de “testigo” a “investigado” para el presidente, Pedro Castillo.
La Comisión de Fiscalización explicó que la variación se refiere a la causa por presuntas irregularidades en la sede del despacho presidencial, conocido como caso Sarratea.
El secretario general de la ONG Transparencia, observadora de las elecciones en Perú desde 1994, Ivan Lanegra, señaló a En Órbita que, aunque la oposición insiste con esta causa, no cuenta con las pruebas suficientes, por lo que se terminará dirimiendo en la Fiscalía.
Agregó que el hecho de que el presidente Castillo pase a ser investigado por el Parlamento, no tiene efectos jurídicos sino más bien políticos, entre ellos convertirse en el primer mandatario en funciones en ser investigado.
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