"Tenemos siete policías retenidos en una comunidad de la provincia de Cotopaxi (centro), el número de detenidos sobrepasa los 20, se han abierto 41 instrucciones fiscales y suman 15 los patrulleros (vehículos) agredidos e inutilizados", dijo el funcionario en conferencia de prensa.
Sobre la situación de los policías detalló que se presentó una denuncia contra los presuntos captores por el delito de secuestro.
Con el objetivo de liberar a los rehenes, la Policía Nacional activó un equipo de la Unidad Especializada Antisecuestros (Unase) y solicitó la participación de organismos internacionales como la Cruz Roja.
Según Carrillo, la provincia andina de Cotopaxi se mantiene como el epicentro de las protestas, con acciones vandálicas como el bloqueo de la carretera que conecta con la provincia de Pichincha, cuya capital es Quito (norte).
Sin embargo, en otras jurisdicciones como Imbabura (norte) las manifestaciones tienden a decaer, puntualizó el funcionario.
Según los datos oficiales, este miércoles se registraron aproximadamente 63 incidentes vandálicos y caóticos en todo el país, en el que participaron aproximadamente 5.500 personas.
Esta cifra, según el funcionario, significa una menor participación de personas en las protestas con relación al martes.
De acuerdo con Carrillo, producto de las manifestaciones existe destrucción de bienes privados y afectaciones a terceros en términos de economía y salud.
Este miércoles las vías de acceso a Quito, por el norte y por el sur, amanecieron bloqueadas por vehículos y maquinaria pesada.
Ante esta situación, Carrillo dijo que desde el Ministerio de Gobierno se abrieron canales de diálogo con los pobladores de esos sectores, dado que existen algunos requerimientos menores que serán atendidos lo más pronto posible para conseguir el desbloqueo.
Ante las manifestaciones anunciadas para horas de la tarde por varias organizaciones sociales, el ministro anunció que el Ejecutivo dispuso el retiro de las vallas metálicas que bloquearon el martes las calles de ingreso al Palacio de Gobierno, en el centro histórico de la capital.
Desde el Gobierno de Rafael Correa (2007 – 2017) se adoptó la costumbre de instalar vallas en las cuadras aledañas a la casa de Ejecutivo para impedir el ingreso a los manifestantes.
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