"Quienes hayan llegado a Ecuador por canales regulares y legales tienen derecho a ser regularizados conforme a las leyes migratorias vigentes. (…) Una persona que está de manera ilegal no puede ser admitida y es sujeta de deportación", dijo el ministro entrevistado por la cadena radial Sonorama.
Holguín añadió que Ecuador prepara un gran plan de regularización que permita integrar de inmediato a la sociedad a las personas que tienen sus documentos al día, así como los registros policiales y del Registro Civil.
Sin embargo, no especificó una fecha de inicio de ese plan.
Según el canciller, hay que diferenciar la regularidad migratoria de la ilegalidad migratoria.
En la primera categoría se encuentran las personas que ingresaron por canales legales, a través de las fronteras, cuyos antecedentes penales fueron revisados y que tienen derecho a ser regularizadas.
Mientras que la ilegalidad migratoria comprende a las personas que entraron a territorio ecuatoriano a través de trochas, sin presentar documentación sobre antecedentes ni de ningún tipo.
Para poner en marcha el plan de regularización, dijo Holguín, se unificarán los sistemas informáticos de varias instituciones como el Registro Civil, Migración, la Policía Nacional y los Ministerios de Interior y de Gobierno para compartir información sobre las personas extranjeras que llegan al país.
El ministro dijo que no se debe politizar ni criminalizar la migración, y enfatizó que la Cancillería y el Gobierno de Guillermo Lasso son respetuosos del derecho a migrar que tienen las personas, y trabajan para que puedan hacerlo de forma segura.
El 30 de mayo, el subsecretario de protección Internacional de la Cancillería, Santiago Ruiz, se refirió a este tema en el marco de la Cuarta Cumbre Iberoamericana de Migración, realizada en Quito (norte).
El funcionario dijo que al momento Ecuador acoge a 520.000 ciudadanos venezolanos con vocación de permanencia, siendo la mayor población extranjera en el país.
A esa cifra se suman entre 250.000 y 300.000 personas de Venezuela que están en tránsito, cuya temporalidad oscila entre un mes y un año, apuntó Ruiz.
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