La fallida nacionalización del cobre en Chile: "Las trasnacionales se impusieron"

El borrador de la nueva Constitución chilena descartó varias normas claves referidas al dominio del Estado sobre la gran minería chilena del cobre, el litio y el fin de las concesiones privadas, dominio que hoy alcanza a menos del 30%, bajo control de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco).

Entre las normas rechazadas se encontraba una patrocinada por la convencional María Rivera (Coordinadora Plurinacional) que pretendía renacionalizar la minería del país sudamericano. Disposición que señalaba que sería el Estado el que desarrollaría de manera exclusiva esta actividad, y que estuvo entre las primeras Iniciativas Populares de Norma enviadas por la ciudadanía a la Convención Constitucional (CC).

"Lamentablemente la votación importante del 7 de mayo logramos que 60 constituyentes aprobaran la nacionalización, pero el resto de los constituyentes la rechazaron. Ahí están el movimiento de los No Neutrales que son la mayoría democratacristianos, la derecha en su conjunto, el Frente Amplio y el Colectivo Socialista [de Gobierno] en bloque votaron en contra".

El hemiciclo constitucional también rechazó el artículo que daba los lineamientos para el desarrollo del sector, el cual estipulaba que "las actividades mineras de exploración, explotación o aprovechamiento, requerirán ser autorizadas por los títulos administrativos que defina la ley".

Los títulos serían otorgados "de forma temporal y sujetarán las actividades a las que se refieran a condiciones y causales de caducidad y revocación debidamente especificadas", a diferencia de la legislación actual, promulgada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973–1990), que entrega los yacimientos de minerales con concesiones plenas, que le permiten a su titular traspasarlas a otro privado sin pasar por el Estado, y pueden explotar dichos yacimientos hasta que se agoten.

Asimismo, la norma rechazada detallaba que, en el caso de la entrega de concesiones, estas se otorgarían "mediante un procedimiento transparente e informado a la ciudadanía, por un órgano autónomo creado por ley".

Según señaló en una columna de opinión Jan Cademartori, doctor en Desarrollo Económico y académico Universidad de Antofagasta, con la limitación de la duración de las concesiones mineras, "el Estado podría haber colocado nuevas exigencias para su renovación, como, por ejemplo, vender el cobre a precios internacionales, evitar que se exporte el concentrado de cobre sin refinar, destinar una parte al Estado para agregar valor y asegurarse que no se estén escondiendo subproductos no declarados".

Para Héctor Vargas, sin embargo, el cambio de las concesiones mineras por autorizaciones que limitan sus facultades no son suficientes. "Nosotros como Coordinadora por la Renacionalización del Cobre no estamos de acuerdo en entregar ningún tipo de concesión sea administrativa o judicial a las grandes empresas transnacionales, solamente concesiones a la pequeña y mediana minería".

La Coordinadora acusa que son cerca de 40.000 millones de dólares anuales que se llevan las trasnacionales y grandes empresas mineras, los que podrían según la organización ser utilizados para solucionar muchas de las necesidades y demandas del pueblo chileno.

"Son fabulosas cantidades de dinero que salen de Chile por una explotación indiscriminada de nuestro cobre y ellos pagan un impuesto pequeñísimo. En este momento Codelco tiene una producción de no más de un millón de toneladas. Lo que tiene en su poder el Estado de Chile, a través de Codelco, el 30% de la producción de cobre y el 70% está en manos de las trasnacionales, que tiene una producción de más de cuatro millones de toneladas de cobre. Y tienen en su control más de 15 millones de hectáreas", detalla Vargas.

Consultado sobre por qué no se renacionaliza el cobre si podría mejorar la calidad de vida de los y los ciudadanos en Chile, Vargas es categórico: "Acá hubo una presión muy grande de las trasnacionales, llegó una comisión de Venecia con abogados especialistas, para influir e intervenir en la CC, pululaban constantemente los representantes de las mineras, los abogados de las grandes mineras y del empresariado para que no se lograra la renacionalización del cobre".

Además, el vocero apunta directamente al propio Gobierno de Gabriel Boric y sus convencionales como responsables de realizar lobby a favor de las mineras y las trasnacionales y de la negativa de las normas de renacionalización.

"Los poderes de las trasnacionales y los grupos económicos y del imperialismo norteamericano se impusieron", agregó.

Frente a las aprensiones que algunos especialistas que han sostenido que el Estado no posee el financiamiento ni las capacidades necesarias para llevar adelante estas actividades mineras, el vocero de la Coordinadora niega estas afirmaciones.

"Tenemos las capacidades, están los especialistas, los profesionales y los técnicos para aplicar todos los procesos, de exploración, de explotación de la gran minería del cobre. Y Chile para la nacionalización del cobre solo tiene que pagar la infraestructura que tienen las mineras (...) se tiene que indemnizar por las instalaciones, que sufren un daño por obsolescencia. Dado que el cobre que está en este minuto concesionado, patrimonio del pueblo de Chile, por lo tanto, se indemnizan las instalaciones", explica.

"Estamos hablando aproximadamente de 30.000 millones de dólares, que corresponden a un bono soberano [título de deuda emitido por un Gobierno nacional para obtener financiamiento] que Chile lo puede pagar, a través de un proceso. Chile tiene más de 200.000 millones de dólares en bonos soberanos, así que perfectamente con un pago único se puede hacer esa indemnización respecto a las instalaciones", añade.

Héctor Vargas asegura que con la renacionalización y con el control del Estado de Chile de la gran minería, se procuraría tener una actividad minera más sustentable y respetuosa del medio ambiente y de las comunidades.

"Teniendo Chile el control de estas producciones mineras, se deberá tener la participación de las comunidades donde existen las zonas de sacrificio para poder saber cuánto hay que producir y cómo producir el cobre, tratando de afectar lo menos posible la flora y la fauna del lugar".

Lo concreto es que el régimen minero en el borrador de la nueva Constitución se mantiene, sin embargo, el Estado deberá regular algunos impactos de la actividad. A pesar del rechazo de las normas claves, las organizaciones sociales involucradas en la renacionalización del cobre tienen un balance optimista.

Y agrega: "Nosotros ahora vamos a comenzar una fuerte campaña de educación en los colegios, en las universidades, en la ciudadanía en general para ir posicionando el tema de la renacionalización del cobre que es una lucha de largo aliento y un proceso".

A partir de la posibilidad de generar una iniciativa popular de ley o de un plebiscito que permitiría el llamado a una Asamblea Constituyente, y que está contemplado en el borrador de la nueva constitución, la Coordinadora considera que se podría retomar la demanda de nacionalización, aunque son cautos.

"En la Convención quedó un capitulo donde habla de poder llamar a una Asamblea Constituyente, eso está por verse, porque lo grave es que el borrador de esta constitución, tiene que pasar por el Senado, en el que la derecha tiene mayoría y lo que puede salir de esta constitución, las modificaciones que puede hacer el Senado, dan un pronóstico muy negativo. Así que nosotros estamos acumulando fuerzas para recuperar y siguiendo la lucha por recuperar nuestros recursos naturales".