"Esta norma busca erradicar aquellas conductas discriminatorias que causen daño a las mujeres que ocupen cargos de elección popular, participen en las estructuras de los partidos políticos o se encuentren en el ejercicio de la función pública", precisó la Casa Presidencial en una nota de prensa.
La nueva ley contempla que la discrepancia de criterios, opiniones, el debate democrático y el disenso a las propuestas planteadas por una mujer, están protegidos por los principios de libertad de expresión y de autodeterminación.
Entre las prácticas que serán penadas destacan el impedimento para que las mujeres políticas ejerzan a plenitud funciones propias de su cargo, restrinjan su reincorporación tras licencia de embarazo y lactancia, menoscaben su imagen pública, divulguen información privada, y otras.
La ministra de la Condición de la Mujer, Marcela Guerrero, estimó que esta normativa frenará a ese tipo de prácticas machistas que afectan la participación de las mujeres en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.
Para la ministra de la Presidencia, Geannina Dinarte, la sanción de esta ley es fundamental porque tipifica y sanciona el acoso y la violencia política contra las mujeres por razones de género, y cómo esto afecta el ejercicio de sus derechos.
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