Acabar con esa suerte de "ciudades modelo", cuestionadas porque cedían soberanía hondureña a inversores extranjeros, era una de las promesas de la alianza opositora que, con Xiomara Castro como candidata, arrasó en las presidenciales de noviembre pasado.
Castro llegó al Gobierno el 27 de enero, y tras la turbulenta instalación de la legislatura, marcada por un cisma temporal en el gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre), los diputados pusieron manos a la obra para derogar un proyecto que solo hacía gracia a unos pocos.
Así, el 21 de abril, los 128 diputados del Congreso de Honduras aprobaron por unanimidad el cese de la normativa aprobada durante la administración del nacionalista Porfirio Lobo (2010-2014) y apuntalada en la gestión del recién extraditado Juan Orlando Hernández (2014-2022), también de la formación derechista.
"Hoy es el día más importante de los 88 días de mi administración, devolverle la soberanía al país era un compromiso ineludible que teníamos con la historia. Puedo decirle al pueblo hondureño misión cumplida, sancioné el decreto que deroga la ley de las ZEDE", tuiteó Castro.
Tras anunciar la publicación del decreto constitucional derogatorio en el diario oficial La Gaceta, el presidente del Legislativo catracho, Luis Redondo, arremetió contra los impulsores de tales regímenes especiales y les recordó que hay delitos que no prescriben.
"A los empresarios les decimos, están cometiendo delitos y estos son imprescindibles por eso se han derogado las ZEDE" con el apoyo unánime de las bancadas representadas en el Congreso de la República", afirmó Redondo, quien insistió en definir a los promotores como "delincuentes".
En tal sentido, no descartó que el Ministerio Público emprenda acciones legales respecto al tema.
Protestas
La implementación de las ZEDE, inspiradas en modelos mayoritariamente asiáticos, chocaron desde su concepción en Honduras contra el rechazo de quienes consideraban a estas "ciudades modelo" una nueva forma de colonización.
Tales zonas eran definidas como áreas del territorio nacional sujetas a un régimen especial en las cuales los inversionistas estarían a cargo, además, de la política fiscal, seguridad y resolución de conflictos, entre otras competencias.
Luego de que en 2012 la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional la Ley de Regiones Especiales de Desarrollo (2011), el Congreso Nacional (parlamento unicameral, controlado por el oficialista Partido Nacional) aprobó las ZEDE en 2013.
Durante la campaña para su reelección, en 2017, Hernández prometió crear 600.000 empleos mediante las también conocidas como "ciudades chárter", al tiempo que aseguraba haber hallado la clave "para dar un salto en materia de atracción de capitales".
Sin embargo, la sociedad civil respondió desde entonces con una consigna rotunda: "¡Honduras no se vende, el pueblo la defiende!".
Inquilinos en su propio país
Desde su pasado opositor, la bancada de Libre denunció la entrega/concesión del territorio a extranjeros, y alertó que "los pueblos que no defienden lo suyo terminan siendo inquilinos en su propio país".
La formación de izquierda señalaba entonces que las ZEDE serían ciudades autónomas sujetas a un sistema jurídico especial, con su propia normativa, cambio de moneda y libre acceso de barcos y aviones sin permiso del Estado.
"Esto significa que el Estado de Honduras no tendrá ningún papel en el manejo ni la gobernabilidad de dichas concesiones, creando con ellos estados autónomos dentro del Estado de Honduras", advertía Libre en un comunicado ampliamente difundido en 2021.
Por lo pronto, la derogación del marco legal que amparaba las ZEDE constituye una promesa ya cumplida por la nueva administración catracha, cuyo próximo reto será convencer a posibles inversores extranjeros sobre la seguridad jurídica de poner su dinero en Honduras.
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