En Colombia, diferentes marchas y actividades se preparan en ciudades como Bogotá y Cali para este jueves 28, al cumplirse el primer aniversario del estallido social. En Cali, por ejemplo, habrá más de 2.000 miembros del Ejército patrullando las calles.
En aquella jornada —a pesar de que el país y su población enfrentaban los golpes por la pandemia del COVID-19— las centrales obreras y estudiantiles convocaron a un Paro Nacional contra una reforma tributaria impulsada por el Gobierno de Iván Duque, cuyo texto finalmente fue retirado.
Las medidas incluían el pago de IVA en productos básicos antes exentos, impuesto a los servicios funerarios —en un momento de altas muertes por la pandemia— y peajes en ciudades, entre otras.
El paro derivó en una serie de protestas inéditas por su duración e intensidad.
En Órbita conversó con Jimmy Alexander Moreno, vocero del Congreso de los Pueblos y de la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular, integrantes del Comité Nacional del Paro y de la Asamblea Nacional Popular.
"[En un año] se han profundizado la situación económica y la política, la criminalización de la protesta social (...) y un modelo neoliberal. Las condiciones de vida de la población son complejas", dijo.
Más de 100 organizaciones sociales declararon la emergencia humanitaria en pueblos y territorios de todo el país. Este miércoles 27 se congregaron en la Universidad Pedagógica Nacional (Bogotá) para dar detalles sobre las situaciones que viven.
Jimmy Alexander Moreno también se refirió a la violencia que hoy se vive en las comunidades y las estrategias para enfrentarla.
"Ante un panorama tan complejo por el escalamiento de la 'guerra' y por el papel del Estado en no ofrecer garantías, y como victimario en la persecución a movimientos populares, venimos fortaleciendo ejercicios de gobiernos propios en desarrollo de soberanías de los pueblos, y avanzando en generar iniciativas economía popular y de dinámicas de movilización", afirmó el entrevistado.
El vocero de la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular afirmó que "hay un movimiento social que seguirá levantando la bandera de la vida y de la permanencia de las comunidades en los territorios”.
Según la Defensoría del Pueblo, 52 líderes sociales fueron asesinados en el primer trimestre del año. En tanto, 27 personas continúan desaparecidas tras el estallido social que también dejó 80 muertos.
En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— el debate entre el Congreso de Perú y el Gobierno por la posibilidad de cambiar la Constitución.
Además, Rusia avanza en recibir el pago en rublos por parte de países que considera "hostiles" por el suministro de su gas, en el contexto del conflicto en Ucrania.
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