"Mientras no cambie la situación política del país, no haya un debido proceso a las garantías que tiene el imputado, no lo va a hacer [retornar a Bolivia] por seguridad propia", afirmó el abogado al portal de noticias boliviano ERBOL.
La Fiscalía emitió en enero pasado la acusación formal contra el exfuncionario por la adquisición irregular de material antidisturbios en noviembre de 2019 junto con el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, cuyo juicio comienza el 23 de mayo.
En octubre pasado, el Gobierno de Bolivia anunció que pedirá a Brasil la extradición de López.
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