Fue paradójico que el 10 de abril de 2002, los diputados del Valle del Cauca (suroriente del país) estuvieran hablando de los problemas de seguridad en el departamento y de las medidas a tomar para frenar a la delincuencia. El 11 de abril, un hombre trigueño, armado, alto, entró al edificio de la Asamblea y con una voz seca, a manera de orden, les dijo a los funcionarios que había una bomba y que tenían que evacuar de manera inmediata. "Desalojen porque hay que desactivar el artefacto".
A los 12 diputados los subieron en un bus para trasladarlos a un lugar seguro, pero a la media hora, luego de que algunos preguntaran de manera insistente por el destino, les dieron la noticia que quedó registrada en video: "Bueno, señores. Nosotros somos las FARC. Nos los llevamos del centro de Cali". Miradas incrédulas, de nervios y un agudo sentimiento de angustia, al menos así lo recordaría más adelante Sigifredo López, el único sobreviviente de esta operación (*).
La guerrilla de las FARC duró tres meses planeando la operación y entrenando cada movimiento. A la cabeza estuvo Gustavo Cardona, alias Santiago, jefe guerrillero, que años después confesó que la maniobra militar estaba enfocada para presionar al Gobierno Nacional hacia un canje humanitario. Ya en una zona rural, a los insurgentes se les varó el bus y obligaron a los diputados subirse a un camión para llevarlos monte adentro con 20 guerrilleros.
Las FARC cumplían así con la palabra de no secuestrar a más militares ni policías, como venía sucediendo, y demostraron un poderío logístico que se aumentó en la antigua zona de distensión —42.000 kilómetros cuadrados entre Meta y Caquetá al sur del país— y tras los diálogos fallidos de El Caguán con el Gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002).
Durante cinco años, las familias de los 12 diputados se unieron para pedir su liberación. Marchas, misas, llamados a la comunidad internacional y reuniones con el Gobierno Nacional, la muestra de quienes estaban dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias para ver a sus seres queridos con vida. Mientras tanto, durante 1.894 días, las FARC apenas entregaron siete pruebas de supervivencia.
"Me gustaría saber cómo eres y decirte que soy tu papá", las palabras de Carlos Barragán, de ojos cansados y rostro magro. "A mi flaquita linda y a mi negrita linda, que estén pendiente de mi madre", dijo Carlos Charry, delgado y canoso. "A mi familia le pido que esté fortalecida y tranquila. Hay salud y leo la Biblia todos los días", narró Ramiro Echeverry. "Solicitamos al señor presidente [Álvaro Uribe Vélez] que decrete la zona de despeje que pide la guerrilla por nuestra vida y nuestra libertad", apuntó Juan Carlos Narváez.
Estos testimonios llegaron el 27 de abril de 2007, la última vez que las familias vieron con vida a los 12 diputados.
Un final trágico
El 24 de octubre de 2006, el presidente de ese entonces, Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), aceptó despejar los municipios de Pradera y Florida, en el Valle del Cauca, para avanzar con el intercambio humanitario. Sin embargo, el primer mandatario se echó para atrás. Uribe, con su mano firme, pidió a su cúpula militar aumentar la inteligencia para ubicar a los diputados.
En unas semanas se confirmó que los políticos secuestrados estaban divididos en tres grupos entre Nariño y Cauca (suroccidente del país) y que las operaciones del Ejército tenían a la guerrilla contra las cuerdas, por lo que el llamado de las familias fue pedir una acción humanitaria y no armada para el rescate.
El 28 de junio de 2007, con las Fuerzas Militares encima de los guerrilleros, que además libraban pequeñas guerras con otros grupos al margen de la ley (Ejército de Liberación Nacional), las FARC entregaron un comunicado escueto, doloroso. "El día 18 de este mes [junio], 11 diputados de la Asamblea del Valle, que retuvimos en 2002, murieron en medio del fuego cruzado cuando un grupo sin identificar atacó el lugar donde se encontraban. Sobrevivió el diputado Sigifredo López, que en ese momento no estaba con los demás".
Tuvieron que pasar tres meses para que las FARC entregara los cuerpos de los diputados, en tumbas, una separada de la otra por 25 metros y envueltos en sábanas blancas. Días antes del asesinato colectivo, Sigifredo López encaró a un comandante guerrillero y fue separado de sus compañeros. Escuchó las ráfagas, los gritos y por instinto de supervivencia se lanzó al suelo. Días después se enteraría de la muerte de los demás y casi dos años después sería puesto en libertad, el 5 de febrero de 2009.
La imagen le dio la vuelta al país: López, de botas, junto a Piedad Córdoba —hoy senadora electa por el Pacto Histórico—, con una bolsa en la mano izquierda y el brazo derecho levantado en señal de victoria. La carrera de sus dos hijos y un abrazo contenido durante años, el abrazo de la libertad. Los niños que dejó ya eran adolescentes.
El perdón y la reparación
El 3 de diciembre de 2019, las FARC rindieron una versión colectiva ante la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz) para hablar del delito de secuestro durante el conflicto armado, en especial de lo sucedido con los diputados del Valle. Declaraciones de excombatientes ratificaron que los políticos fueron ejecutados ante la presión del combate con un grupo desconocido, pero también reiteraron que las órdenes eran salvaguardar la vida de los prisioneros, al menos hasta el final.
7 de noviembre 2021, 23:03 GMT
Las familias siguen pidiéndole a la JEP que alias El Grillo, quien comandaba el grupo que tenía a cargo la seguridad de los diputados (Frente 60), sea juzgado como el responsable de estos asesinatos. Por ahora, el tribunal que nació de la firma del Acuerdo de Paz en 2016 sigue recopilando pruebas y escuchando a terceros para tener más elementos de juicio antes de entregar un veredicto.
(*): Sputnik se contactó con Sigifredo López a propósito de los 20 años del secuestro de los Diputados del Valle, pero no quiso atender a una entrevista: "La verdad llevo este tiempo hablando del tema y ya no quiero seguir haciéndolo. Quiero pasar la página. Le ruego que me entienda, esto no es fácil para mí. Es doloroso y triste".
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