"Las cuestiones importantes de derechos humanos incluyeron informes creíbles de: homicidios ilegítimos o arbitrarios; tortura y detención arbitraria por parte de las fuerzas de seguridad gubernamentales y grupos armados; la violación y el abuso de mujeres y niños (...) corrupción gubernamental generalizada; violencia y desplazamiento forzado de afrocolombianos e indígenas; violencia contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer e intersexuales; asesinatos y otros actos de violencia contra sindicalistas; y trabajo infantil", afirma el reporte, correspondiente a 2021.
El texto agrega que "hubo informes de que el Gobierno o sus agentes cometieron homicidios arbitrarios o ilegales".
Según la organización no gubernamental (ONG) Centro de Investigación y Educación de la Población (CINEP), del 1 de enero al 26 de agosto del año pasado hubo 28 casos de "muertes intencionales de civiles cometidas por agentes estatales".
"Según informes del Gobierno y de ONG, los agentes de policía mataron a varios civiles durante las protestas en todo el país que comenzaron el 28 de abril. La ONG Human Rights Watch recopiló información que relacionaba con la policía 25 muertes de civiles durante las protestas, incluidas 18 muertes cometidas con munición real", agrega el Departamento de Estado.
A partir del 15 de julio, la Fiscalía General de la República abrió investigaciones a 28 miembros de la policía por presuntos homicidios cometidos durante las protestas, y dos policías fueron acusados formalmente por homicidio.
EEUU señaló que organizaciones de derechos humanos, víctimas e investigadores del Gobierno acusaron a algunos miembros de las fuerzas de seguridad de colaborar o tolerar las actividades de los grupos del crimen organizado.
Según la Fiscalía General de la Nación, entre enero y el 31 de julio, 15 policías fueron acusados formalmente de tener vínculos con grupos armados.
Gobierno y grupos armados
Por otro lado, el Departamento de Estado afirmó que el Gobierno colombiano "tomó medidas para investigar, enjuiciar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos, aunque algunos casos continuaron experimentando largas demoras".
"En general, el Gobierno implementó con eficacia leyes que penalizaban la corrupción oficial. El Gobierno estaba implementando reformas policiales enfocadas en mejorar las relaciones entre la comunidad y la policía, la rendición de cuentas y los derechos humanos", agregó.
Con respecto a los grupos armados, el informe expone la violación, abuso de mujeres y niños y el reclutamiento ilegal de menores.
"Continuaron operando grupos armados, incluidos disidentes de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), el ELN (Ejército de Liberación Nacional) y bandas de narcotraficantes", dice el documento.
Aseguró que "los grupos armados, así como los narcotraficantes, fueron perpetradores significativos de abusos contra los derechos humanos y crímenes violentos".
Este documento del Departamento de Estado sirve de guía al Congreso de EEUU para determinar la ayuda exterior que concede a Colombia.
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