"El magisterio ecuatoriano tiene tres demandas específicas: el presupuesto para la educación, la ejecución de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) sin trampas; y la equiparación salarial", dijo la presidenta de la Unión Nacional de Educadores, Isabel Vargas, a periodistas.
La equiparación salarial consta en la LOEI aprobada por la anterior Legislatura y ratificada por la actual el pasado 13 de marzo.
Entre otros aspectos dicha normativa contempla un incremento del salario básico de los maestros de 817 dólares a 986 dólares mensuales.
Según el Gobierno nacional, la medida supondría un impacto de 500 millones de dólares anuales en el presupuesto general del Estado.
En horas de la tarde, un nutrido grupo de manifestantes avanzó desde el parque El Arbolito, en el centro norte de la capital, hacia el centro histórico de la ciudad donde se encuentra la sede del Gobierno nacional.
Miembros de la Policía Nacional instalaron vallas de seguridad para resguardar la seguridad ante la eventual llegada de los manifestantes a la casa de Gobierno.
"Alerta, alerta que camina la UNE organizada luchando por la vida", "Lasso, escucha, la UNE está en la lucha", estuvieron entre las consignas que corearon los manifestantes.
Delegaciones de maestros de las provincias de El Oro (oeste), Guayas (oeste), Los Ríos (oeste), Napo (este), Santo Domingo de los Tsáchilas (oeste), Manabí (oeste), Bolívar (centro), Esmeraldas (oeste), Zamora - Chinchipe (este), entre otras, asistieron a la marcha.
También se sumaron docentes de los sistemas de educación fiscomisional y municipal, según dijo el presidente de la UNE de la provincia de Pichincha (norte), Johnny Terán.
Entre las organizaciones que se sumaron está la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador (FESE), cuya presidenta, Scarlet Tamayo, exigió la implementación de un nuevo plan de estudios y acciones para erradicar la violencia en el país.
El presidente del Frente Popular, Nelson Erazo, mientras tanto, pidió que el Gobierno del presidente Guillermo Lasso entregue el presupuesto para financiar las reivindicaciones contempladas en la Ley de Educación Intercultural.
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