La Fiscalía General de la República (FGR) de México dio a conocer este martes 5 de abril la decisión de la autoridad británica, que ratifica la resolución previa del juzgado británico ligado al caso.
La señora Macías, agregó la dependencia mexicana, tiene 14 días para impugnar la decisión de las autoridades británicas de entregarla a la justicia mexicana.
Javier Duarte fue gobernador de Veracruz entre 2010 y 2016 por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), cargo que dejó para darse a la fuga. En 2017 fue detenido en Guatemala y en 2018 acusado por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) bajo acusación de asociación delictuosa.
El exmandatario local se declaró culpable de perpetrar operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.
Durante el proceso en contra de Duarte, su pareja se reservó en Londres, la capital de Inglaterra, y de ser presentada ante las autoridades mexicanas Macías podría ser juzgada por daño patrimonial a las finanzas veracruzanas.
Además de los crímenes patrimoniales, Duarte y Macías son recordados porque durante su mandato fueron ejecutados periodistas ligados a la cobertura en Veracruz como la corresponsal del semanario Proceso Regina Martínez y el fotógrafo Rubén Espinosa, quien aunque perdió la vida en la Ciudad de México fue violentado luego de anunciar que se trasladaba a la capital del país por temor a represalias de Duarte en su contra.
Duarte también fue señalado por la presencia violenta de grupos criminales en la entidad, que generó una crisis de desaparecidos.
Durante su gestión, igualmente, trabajadores pensionados y jubilados acusaron falta de pago de sus respaldos presupuestales y también se inconformaron con la situación de la entidad integrantes de la Universidad Veracruzana (UV), el recinto académico público más importante de la entidad.
El exgobernador fue acusado de desviar recursos públicos de Veracruz para inyectarlos a la campaña presidencial del candidato de su partido en las elecciones de 2012, Enrique Peña Nieto, en una operación ilícita en la que también habrían participado los entonces mandatarios priistas de Chihuahua y Quintana Roo, César Duarte y Roberto Borge, respectivamente.