El jueves 17 de marzo el Tribunal Constitucional (TC) peruano declaró fundado un hábeas corpus para revocar la anulación del indulto humanitario concedido en 2017 por el por entonces mandatario Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) al expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).
Tras aquel indulto, en 2018 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) advirtió que el Estado peruano no había cumplido completamente con sancionar las violaciones a los derechos humanos del exjefe de Estado, por lo que la Justicia peruana ordenó el retorno del exjefe de Estado a prisión.
El TC ahora consideró que, debido al presunto actual delicado estado de salud de Fujimori, de 83 años de edad, los efectos del indulto deben ser restablecidos y ordenó su libertad.
Fujimori cumple desde 2009 una condena de 25 años por crímenes de lesa humanidad, al ser el autor intelectual de dos matanzas ejecutadas contra civiles inocentes durante su mandato.
El ministro de Justicia, Félix Chero Medina, dijo que en Perú "no solo debemos hacer control de legalidad, si no de constitucionalidad y de convencionalidad porque estamos adscritos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH).
El jerarca indicó que el Gobierno está a la espera de la publicación de la sentencia del TC para evaluar las acciones a tomar.
El abogado peruano Carlos Rivera, integrante del Instituto de Defensa Legal, en diálogo con En Órbita criticó que "un Tribunal Constitucional, siendo un alto órgano de Justicia, no revise un procedimiento de un caso de tanta envergadura como el de Fujimori, que nos ha llevado a confrontar directamente con la Corte IDH".
"El Tribunal debió esperar a tener la sentencia redactada y debidamente firmada. Aquí hubo un apuro más político que jurisdiccional, lo que llevó a una mayoría precaria del Tribunal termine por adelantar una audiencia y luego casi liberar al condenado Fujimori con una nota de prensa", agregó.
El abogado destacó el rol de la Corte IDH, que "ha ido construyendo una jurisprudencia para consolidar prohibiciones para los procesados por causas de derechos humanos".
"La Corte ha sido enfática en plantear un camino de corrección. Dirá que ese tema lo resolvió y que ahora el Estado peruano incumple. (...) Seguramente su disposición se encamine en una sola dirección: dejar sin efecto la resolución del Tribunal Constitucional", enfatizó el entrevistado.
Por otro lado, la Justicia de Perú prohibió a Fujimori salir del país por 18 meses, entre otras restricciones, en el marco del caso Pativilca por el cual debe ser juzgado. Se trata del secuestro, tortura y asesinato de seis personas signadas como terroristas, ocurrido en el año 1992 en esa localidad ubicada de la región de Lima.
Al igual que las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, por las que Fujimori cumplía 25 años de prisión, el crimen fue cometido por el Grupo Colina, adjunto al Servicio de Inteligencia.
En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— un diálogo de Sputnik con el sociólogo, periodista y académico argentino Jorge Elbaum, quien explicó por qué considera que el rol de la Unión Europea y la OTAN en el conflicto en Ucrania es "central".
Y en otro orden, Naciones Unidas reconoció su preocupación sobre la persecución a jueces y fiscales en Guatemala.
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