La semana que Pedro Sánchez burló a la izquierda

La semana pasada ha supuesto todo un vapuleo para la izquierda española a manos del presidente Pedro Sánchez. Además, han sido decisiones o compromisos que se han hecho públicos sin debate previo ni con sus socios de gobierno, ni en su partido, el PSOE, y mucho menos en el Parlamento.

Aunque desde Unidas Podemos han declarado que no ven peligrar la coalición, son ya muchos los frentes de confrontación que hay entre el PSOE y ellos.

Las primeras jarras de agua fría llegaron el lunes 14 de este mismo mes. Ese día, Pedro Sánchez anunciaba de forma sorpresiva en una entrevista en televisión su intención de subir el gasto militar español al 2% del PIB, lo que supondría más de 24.000 millones de euros. Según señaló en esa entrevista, el gasto actual es del 1,4% del PIB. en los últimos cinco años la dotación que recibe el Ministerio de Defensa ha aumentado un 20%.

Si hay algo que ha caracterizado a la izquierda española ha sido su antimilitarismo. No olvidemos que el principal partido de la izquierda, Izquierda Unida, integrada en la coalición electoral Unidas Podemos, nació en el movimiento en contra de la integración de España en la OTAN, allá por 1986.

Anunciar ahora, a rebufo de la crisis de Ucrania, que se quieren destinar 24.000 millones en armas y militares cuando la economía del país sigue chocada tras el COVID y pendiente del dinero que ha de recibir de la UE para recuperarse, es una iniciativa difícil de asumir para la izquierda.

Por otro lado, la subida de la energía y las rebajas de impuestos que estudia el gobierno supondrán menos recursos públicos para inversiones y prestaciones sociales.

Ese mismo día se supo otra noticia que tuvo poca trascendencia pública, pero que resulta significativa del desarrollo del país. En una respuesta parlamentaria, el gobierno informó de la suspensión del proceso de investigación de una vacuna contra el Covid que se estaba haciendo en el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Aunque la vacuna dio resultados positivos en animales, el promotor, el CSIC, decidió retirar la solicitud ante la Agencia Española del Medicamento (AEMPS) para realizar la fase I de la investigación, la primera prueba en humanos. La razón esgrimida es que no se daban las condiciones "dado el muy alto porcentaje de población vacunada".

Sin embargo, el propio gobierno, en esa misma respuesta parlamentaria, anuncia que “continúa con la apuesta por la colaboración público-privada y buen ejemplo de ello es la vacuna de Hipra, donde el Ministerio de Ciencia e Innovación ha puesto a disposición de esta compañía sus instrumentos de financiación y asesoramiento”.

Dado que el CSIC pertenece directamente al Ministerio de Ciencia, ese carpetazo supone que el gobierno español renuncia a una vacuna de titularidad pública contra el Covid. La verdad es que con un presupuesto para la vacuna pública de tan solo cinco millones y con directores de investigación cuya remuneración era su pensión pública de jubilación no se podían esperar muchos milagros.

En cambio, el Estado sí destinará los recursos públicos a la investigación de la vacuna de la empresa privada Hipra a la que, al parecer, el alto porcentaje de población vacunada, no le supone ningún obstáculo.

Este cambio de una vacuna pública a privada ha despertado la preocupación de una veintena de organizaciones sociales españolas de gran relevancia, que han pedido en una carta al gobierno español que la licencia de uso de la futura vacuna no sea exclusiva para así asegurar su acceso en todo el mundo.

En el documento llaman la atención sobre la vacuna Hipra, y recuerdan al gobierno que esa empresa ha recibido una importante financiación pública. Entre otras partidas, se le adjudicaron desde el Ministerio de Ciencia e Innovación casi 15 millones en ayudas públicas para la fase IIb/III de los ensayos clínicos.

Que España renuncie a una vacuna pública, sin servidumbres de patentes a empresas farmacéuticas, para destinar el dinero de la investigación a un proyecto de vacuna de una empresa privada supone abandonar uno de los principios de la izquierda social que apuesta por una investigación pública con el objetivo de que sea prioritaria la vacunación universal por encima de beneficios farmacéuticos.

El siguiente puyazo para la izquierda vino el martes 15 de marzo. Ese día, el PSOE se unió a los partidos de la derecha para tumbar una propuesta de hubiera permitido que los juzgados españoles investigaran los delitos de genocidio y lesa humanidad cometidos durante la dictadura franquista.

La normativa buscaba, según sus proponentes, "reforzar jurídicamente el principio de legalidad desde una perspectiva del Derecho Internacional de los Derechos Humanos".

La iniciativa contó con el apoyo de Unidas Podemos y de los grupos nacionalistas e independentistas, aliados habituales del Ejecutivo, como ERC, PNV, EH Bildu o Compromís, además de la propia CUP, Junts y el BNG.

El diputado que defendió la propuesta, Albert Botran, consideró como una "paradoja" que "se quieran perseguir delitos en Ucrania y no se haya celebrado ni un solo juicio a criminales del franquismo" en España.

Es verdad, como dijo el PSOE, que su partido es uno de los que más muertos tiene por la dictadura enterrados en las cunetas, de ahí que todavía se acoja con más indignación en la izquierda su negativa a hacer justicia en los términos establecidos por la legislación internacional.

La estocada final se produjo el viernes 18, cuando Pedro Sánchez abandonaba su posición de neutralidad activa en sintonía con las Naciones Unidas de la ONU y se posicionaba, por primera vez y de forma oficial, a favor de Marruecos.

Para más inri, la nueva posición se hacía pública del modo menos respetuoso con las instituciones y el resto de los representantes españoles, mediante una carta enviada al rey de Marruecos, Mohamed VI, en la que señalaba que aceptaba el plan de autonomía para el territorio que defiende el país vecino.

En realidad, quien anunció la posición de Pedro Sánchez fue el rey de Marruecos, quien hizo público el contenido de la carta donde el presidente español le comunicaba que “España considera la iniciativa marroquí de autonomía, presentada en 2007, como la base más seria, creíble y realista para la resolución de este diferendo”.

Posteriormente, el gobierno español emite un comunicado en el que afirma, sin más precisiones, que “esta nueva etapa se desarrollará, tal y como indican los comunicados del Gobierno de Marruecos”.

Todo el espectro político español, y en especial la izquierda, que lleva décadas movilizada en apoyo al pueblo saharaui y el cumplimiento de la promesa en 1991 de la comunidad internacional de convocar un referéndum manifestó su rechazo.

El Sáhara Occidental es un territorio ocupado por España en 1881. Tras algunos levantamientos de independencia, en 1973 se crea el Frente Polisario, acrónimo de Frente Popular por la Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro, con el objetivo de alcanzar la independencia de España. Por su parte, desde el momento en que Marruecos alcanza su independencia, en 1956, reclama esa región.

En los estertores del franquismo, en 1974, España ya intenta desvincularse del Sáhara y propone que se celebre un referéndum de autodeterminación entre los habitantes, algo que amenazaba los planes de anexión de Marruecos.

Por ello, en octubre de 1975, el rey Hassan II de Marruecos, padre de Mohamed VI, comienza a hostigar militarmente al Frente Polisario y, finalmente, aprovechando la convulsión que vivía España por la muerte del dictador, el 6 de noviembre de 1975 organiza la famosa Marcha Verde, el envío de 350.000 civiles a ocupar el Sáhara.

España se desentiende, lo que supone, sin contar con los saharauis, ceder el control de su colonia a Marruecos y Mauritania, los dos países que se disputan la región. Miles de ellos se exilian en campamentos de refugiados en la ciudad argelina de Tinduf, el único país que les apoya.

El Frente Polisario fundó en 1976 la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), y entra en guerra con Mauritania y con Marruecos. En 1979 firma la paz con Mauritania. En cambio Marruecos sigue acosando militarmente a los saharauis y reclamando ese territorio.

En 1991, ante las promesas de la ONU de convocar un reféndum, el Frente Polisario y el Reino de Marruecos firman un alto el fuego en 1991. Desde entonces, la ONU y la comunidad internacional ha ido dando largas y burlando su compromiso con el pueblo saharaui, argumentando problemas con la elaboración del censo, aceptando los impedimentos de Marruecos. Es por ello que el 14 de noviembre de 2020 el Frente Polisario emite un comunicado donde anuncian el fin del compromiso con el alto el fuego.

El anuncio actual de Pedro Sánchez supone el rechazo de España de las propuestas de solución establecidos en los organismos internacionales y su abandono a miles de personas que siguen teniendo un documento de identidad español.

Un auto de 2014 de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional española declaraba que "España sigue siendo la potencia administradora del territorio, y como tal, hasta que finalice el periodo de la descolonización, tiene las obligaciones recogidas en los artículos 73 y 74 de la Carta de Naciones Unidas, entre ellas dar protección, incluso jurisdiccional, a sus ciudadanos contra todo abuso, para lo cual debe extender su jurisdicción territorial".

La solidaridad de la izquierda española con el pueblo saharaui ha sido constante, los niños venían en verano a convivir con familias españolas, las brigadas de cooperación que se desplazaban y convivían en los campamentos de refugiados son frecuentes, la asistencia sanitaria y educativa siempre se ha intentado poner a disposición del pueblo saharaui, los partidos políticos siempre contemplaban el conflicto saharaui en sus propuestas y programas.

Todos los ministros de Unidas Podemos, incluida la vicepresidenta Yolanda Díaz, manifestaron su rechazo a la decisión de Pedro Sánchez y reiteraron su apoyo al pueblo saharaui y a la propuesta de la ONU de un referéndum.

Este es el balance de una semana de desprecios del presidente español a la izquierda y especialmente a sus socios de gobierno. A ello se unen conflictos anteriores, como el envío de armas a Ucrania, la todavía vigente Ley Mordaza aprobada con el gobierno del PP, que se prometió derogar, o las diferencias para poder consensuar la reforma laboral o la Ley de Vivienda.

Es verdad que se intenta respetar los términos del acuerdo de gobierno por el que se sentaron las bases de la coalición entre Unidas Podemos y el PSOE para gobernar, pero la sensación es que las competencias de los de Unidas Podemos requieren de largas negociaciones con el PSOE y las del PSOE se aplican inmediatamente y se conocen por la prensa. O lo que es peor, por el rey de Marruecos.

Si bien desde las bases de la izquierda se empiezan a escuchar voces poniendo en duda la continuidad de seguir en el gobierno, los ministros de Unidas Podemos insisten en que el acuerdo no corre peligro.

A partir de ahora, hasta las próximas elecciones previstas para finales de 2023, quedará por ver cómo afecta en apoyo social este acuerdo a cada uno de los partidos.

Especialmente si para los de Unidas Podemos la constante contradicción entre su programa y lo que deben asumir en el gobierno compensa ante sus bases con los logros obtenidos en resultados concretos que lleguen a la gente.

Mientras tanto, uno de los argumentos más utilizados para justificar el acuerdo es la amenaza de la llegada al poder de la derecha, que bien podría ser un gobierno de coalición entre la derecha del PP y la ultraderecha de VOX.

Lo que queda por ver es cuánto de ese miedo sigue calando entre la ciudadanía progresista y los va a seguir apoyando si no ven políticas de izquierda en el gobierno actual.