El susto de Telegram en Brasil que puede repetirse en la campaña electoral

El juez determinó varias medidas, la más importante que la empresa nombrara a un representante legal en Brasil, y estableció una multa diaria de 100.000 reales (más de 20.000 dólares) en caso de incumplimiento. Rápidamente, al día siguiente, el fundador de la empresa, Pavel Durov, desaparecido durante el periodo de amenazas crecientes de las últimas semanas, apareció para pedir disculpas y vino a decir algo así como que los mensajes del Supremo habían ido a la caja de spam y que estaban saturados con tantos mensajes relacionados con la crisis en Ucrania.

Las explicaciones no sonaron muy creíbles, pero el juez restauró el uso de la aplicación el 20 de marzo, después de que Telegram cumpliera algunos de los requisitos impuestos. La empresa nombró al abogado Alan Campos como representante en Brasil, un especialista en derecho digital que según Telegram "asegurará la capacidad de responder a demandas urgentes de la Corte y otras organizaciones relevantes en Brasil de manera oportuna".

Además, Telegram cumplió otras medidas requeridas por Moraes: informó de las medidas que está tomando para combatir la desinformación y las noticias falsas, excluyó links del canal oficial del presidente Jair Bolsonaro que permitían bajar documentos secretos de la Policía Federal y bloqueó el canal Claudio Lessa, señalado como un importante foco de fake news.

También anuló varios canales vinculados al bloguero de ultraderecha Allan dos Santos, buscado por la Justicia brasileña y forajido en EEUU.

A pesar de que con estos movimientos ahora las aguas parecen estar volviendo a su cauce, el bloqueo de Telegram el 18 de marzo, causó un terremoto político en Brasil. El canal es una de las principales herramientas de comunicación en Internet de políticos bolsonaristas, que no dudaron en hablar de la "dictadura de la toga", en referencia a los supuestos abusos del juez Moraes.

Este 21 de marzo, Bolsonaro volvió a la carga: "Sabemos cuál es la posición de Alexandre de Moraes, es una persecución implacable sobre mí (…) sabemos lo que quieren, lo que algunos quieren aquí en Brasil; no son todos, ni es una institución, me quieren fuera de combate y que [el expresidente] Lula sea elegido", criticó en una entrevista radiofónica.

La decisión judicial da combustible al presidente en su argumento contra los excesos del Tribunal Supremo y anima a sus seguidores más radicales, aunque la mayoría de especialistas consideran que es necesario poner límites a los excesos de las redes sociales para preservar la calidad democrática y sobre todo la integridad del proceso electoral.

En las últimas semanas, el Tribunal Superior Electoral firmó acuerdos de colaboración con Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, WhatsApp y TikTok, entre otras plataformas, para trabajar contra los bulos en la campaña electoral, pero Telegram aún no se sumó a esos esfuerzos, lo que podría causarle nuevos problemas en el futuro.

Además, la Cámara de Diputados de Brasil prepara una ley contra las fake news que obliga a estas empresas a crear mecanismos para que los usuarios tengan derecho de réplica sobre decisiones que censuren sus posts, entre otras reglas, y habrá que ver si Telegram, que normalmente no es muy favorable a este tipo de limitaciones, se plegará a las leyes brasileñas.

Por lo pronto, los más perjudicados son los millones de brasileños que ya usan la plataforma en Brasil, la que más creció en los últimos años. Según un estudio de Panorama Mobile Time/Opinion Box, el 60% de los brasileños que tienen smartphone ya tienen Telegram instalado, frente al 13% de 2019.

En enero de este año, Telegram tenía en Brasil 41,9 millones de usuarios activos mensuales, un millón más que en septiembre de 2021, según la empresa de datos App Annie. Aún así, está lejos de la absoluta reina de las comunicaciones digitales en Brasil, WhatsApp, la que usa el 99% de los brasileños en su día a día.