"El Gobierno considera que la resolución es injusta, al dejar sin que los responsables paguen sus culpas (…) y por ello está estudiando las decisiones constitucionales que se enmarquen dentro de la Constitución y la Ley para oponerse a esa decisión de la Asamblea", dijo en conferencia de prensa el consejero del Gobierno Carlos Jijón.
La semana pasada, el presidente Guillermo Lasso señaló que con la amnistía, la Asamblea "cometió un acto de injusticia y que los legisladores olvidaron Quito en llamas, familias que perdieron sus negocios, periodistas agredidos, personas violentadas.
Con 99 votos afirmativos, 16 negativos y 10 abstenciones, el Pleno de la Asamblea Nacional, a la madrugada del pasado 10 de marzo, concedió amnistías a las 268 personas.
Entre los amnistiados están el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza; el expresidente de esa organización, Jaime Vargas; la prefecta de la provincia de Pichincha (norte), Paola Pabón, el parlamentario andino, Virgilio Hernández, entre otros.
Tras la decisión de los legisladores, ciudadanos quiteños, colectivos y varias organizaciones se autoconvocaron por redes sociales para protestar en frente de la Asamblea Nacional.
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