"En este caso, la comisión de fiscales emitió la ampliación de imputación formal en contra de Roxana Lizárraga", dijo en rueda de prensa el secretario general de la Fiscalía, Edwin Quispe, al reportar avances del proceso en el que están imputados también otros dos exminsitros de Áñez: Arturo Murillo y Luis López.
El caso está abierto en la justicia boliviana desde junio de 2021, cuando se reveló que el Gobierno ecuatoriano de Lenín Moreno (2017-2021) envió un cargamento de armamento bélico y antimotines a Bolivia, en noviembre de 2019, en apoyo a la entonces recién instalada administración transitoria de Jeanine Áñez.
Quispe dijo que la investigación de la Fiscalía estableció que Lizárraga, estando reunida el 15 de noviembre de 2019 en el Palacio de Gobierno de La Paz junto con Áñez, Murillo y López, habría tomado contacto con personal policial de Ecuador para acordar que ese país "pueda facilitar armamentos, es decir equipos antimotines, gases y demás explosivos que fueron internarlos a nuestro país [Bolivia] de manera irregular".
El secretario general de la Fiscalía añadió que Lizárraga, actualmente refugiada en Estados Unidos, no acudió el mes pasado a una audiencia en La Paz en la que debía prestar declaración, por lo cual ahora es objeto de un trámite de declaración en rebeldía y orden internacional de captura.
"Queremos ser enfáticos que el Ministerio Público en ningún momento actúa políticamente, no realiza persecuciones políticas y reiteramos el compromiso de defender los intereses de la sociedad", aseguró Quispe.
Según la fiscalía, la provisión ecuatoriana al Gobierno transitorio de Áñez consistió en 5.000 unidades de granadas de mano LG-302, 2.389 proyectiles de largo alcance calibre 37 milímetros (mm), 560 proyectiles de corto alcance calibre 37 mm y 500 granadas de sonido y destello.
Cuando estalló el caso, el Gobierno boliviano dijo que consideraba la posibilidad de entablar un juicio contra el expresidente ecuatoriano Moreno en un tribunal internacional.
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