"Pido justicia por la nena, porque ella no merecía esto, ninguna de las niñas merecía esto", expresó ante medios locales Élida Salguero, madre de Keila López, una de las víctimas del siniestro ocurrido desatado el 8 de marzo de 2017 en el Hogar Seguro Virgen Asunción.
Los manifestantes, en su mayoría mujeres, acudieron al Ministerio de Gobernación para protestar contra un crimen cuyos responsables siguen sin responder ante la justicia, pese a la movilización, la denuncia y las evidencias.
En el ojo de la tormenta está el papel que jugó la administración del entonces presidente Jimmy Morales, así como las autoridades de la instalación y la fuerza policial.
"Cinco años de impunidad por el caso del Hogar Seguro, es indispensable que se asegure el acceso a las sobrevivientes y a las familias a la justicia independiente e imparcial", tuiteó al respecto el ombudsman de Guatemala, Jordan Rodas.
Escollos
La búsqueda de justicia en este caso chocó con tantos recursos y amparos que muchos familiares no pudieron soportar el desgaste económico y de tiempo en un proceso que avanza con lentitud, según representantes de las víctimas.
Aunque fallecieron 41 adolescentes de entre 13 y 16 años en el incendio que estremeció al país, en total eran 56 las menores de edad que estaban encerradas con llave en el referido centro de protección estatal del municipio de San José Pinula (centro).
Organizaciones como Sobrevivientes, Nos Duelen 56 y Ocho Tijax denuncian que para muchas de las familias la tragedia persistió tras el incendio.
En el proceso abierto por el incendio son señalados Carlos Rodas, exsecretario de Bienestar Social de la Presidencia de Guatemala, Anahí Keller, exsubsecretaria de Protección, Acogimiento a la Niñez y Adolescencia de dicha Secretaría, y Santos Torres, exdirector del Hogar Virgen de la Asunción.
Rodas, Keller y Torres fueron enviados a juicio en febrero de 2018 con cargos por los delitos de homicidio culposo, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y maltrato contra personas menores de edad.
Sin embargo, en febrero de 2021 Rodas fue beneficiado con un amparo otorgado por la Corte Suprema de Justicia, que le permitiría una nueva revisión de su caso para salir de la cárcel, por la presunta vulneración de su derecho de defensa.
A su vez, los defensores de los imputados solicitaron en 2020 que Keller y Torres fueran beneficiados con prisión domiciliaria, argumentando que llevaban varios años en la cárcel y que ese no era el espíritu de la medida.
Édgar Pérez, del Bufete de Derechos Humanos y abogado de 14 familias de las víctimas del Hogar Seguro, replicó que dicha resolución era cuestionable y por ende fue apelada a la Corte de Constitucionalidad, cuya respuesta podría durar par de meses.
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