El motivo está en el, a su juicio, "trato directo y preferencial que tiene el brazo político de ETA para tratar todos los asuntos relacionados con los presos de ETA", según dijeron en un comunicado.
En el fondo de esta polémica están los contactos revelados la semana pasada entre responsables del Ministerio del Interior español y miembros destacados de los colectivos que agrupan a los presos de la extinta organización terrorista ETA.
Estas organizaciones tienen por objetivo conseguir el acercamiento de estos terroristas encarcelados a cárceles próximas al País Vasco, los lugares de residencia o arraigo de todos ellos.
El 9 de febrero un informe de la Guardia Civil publicado en los medios españoles reveló la existencia de contactos habituales entre ambas partes con el objetivo de facilitar la relocalización de los presos.
La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) argumenta en su comunicado que convoca la marcha "para protestar contra esta total traición e ignominia hacia las víctimas del terrorismo", según manifestaron.
El lema elegido es “No todo vale. Gobierno traidor. Justicia para las víctimas” y el único colectivo de víctimas que no se sumó a la convocatoria fue Covite, el más numeroso en el País Vasco.
El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, contestó a preguntas sobre este asunto, realizadas por las formaciones de derecha Vox y Partido Popular en la sesión de control al Gobierno celebrada este 16 de febrero en la Cámara Baja del Parlamento español.
Marlaska calificó de "bulos" y "falsedades" las interpretaciones de trato de favor a los colectivos de presos que hicieron los parlamentarios de estas formaciones.
“¿En qué página de ese informe se hace referencia a que no se cumple la ley?”, preguntó el ministro a los parlamentarios que le interrogaron con vehemencia sobre este asunto.