"A efectos de garantizar el derecho a tomar una decisión libre y voluntaria de interrumpir el embarazo, el plazo para realizarlo será hasta las 16 semanas de gestación", dice el informe de mayoría del proyecto de Ley que Garantiza la Interrupción del Embarazo en casos de Violación, elaborado por la comisión.
De manera excepcional, considerando las características especiales y que merecen atención prioritaria por parte del Estado, al tratarse de niñas, adolescentes, mujeres de la ruralidad, de pueblos y nacionalidades, la interrupción voluntaria del embarazo podrá realizarse hasta las 18 semanas de gestación.
El texto, que debe ser analizado en el pleno de la Asamblea, se aprobó con seis votos a favor, dos en contra y una abstención.
El presidente de la comisión, Alejandro Jaramillo, dijo a periodistas que el informe será remitido de manera inmediata a la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, para que convoque al pleno y así reanudar el segundo y definitivo debate sobre la iniciativa.
El 3 de febrero Llori otorgó un plazo de ocho días a la Comisión de Justicia para que ajuste el texto sobre la temporalidad del aborto por violación, tras suspender la sesión en la que debía darse el segundo y definitivo debate del proyecto de ley.
Ese día los legisladores no lograron ponerse de acuerdo para votar sobre el informe de mayoría, que planteaba que en el caso de las niñas y adolescentes el aborto debería darse hasta las 22 semanas de gestación, mientras que para las mujeres mayores de 18 años debía practicarse hasta las 20 semanas.
Varios legisladores señalaron la necesidad de establecer una temporalidad acorde con el desarrollo de la gestación y alegaron que existe evidencia científica que demostraría que mientras más tarde se practica un aborto habría mayor riesgo para la salud de la madre.
En abril de 2021 la Corte Constitucional (CC) de Ecuador aprobó la despenalización del aborto por violación.
El dictamen llegó como respuesta a varias demandas de inconstitucionalidad planteadas por agrupaciones feministas ante un artículo de la Constitución que permitía el aborto únicamente si la vida de la mujer se encontraba en peligro o si el embarazo era producto de una violación a una mujer con discapacidad mental.
Además de despenalizar el aborto por violación, la CC estableció que la normativa que norme la interrupción del embarazo por violación debía ser aprobada hasta el 28 de diciembre del mismo año, fecha que no se ha respetado, entre otros motivos, por la ausencia de mayoría en torno a los tiempos en que debe interrumpirse la intervención.