Después de que lo hicieran países como Francia, Alemania, Portugal o Polonia, ahora es el turno del Gobierno de Pedro Sánchez para poner fin a años de opacidad y reconocer las agresiones que sufrieron una cifra indeterminada de niños y niñas.
"Estamos trabajando del lado de las víctimas. Queremos que se investiguen estos abusos para reparar fundamentalmente su dolor y que no vuelvan a ocurrir", afirmó el 1 de febrero en rueda de prensa la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez.
En el Gobierno tienen claro que es el momento de abordar la pederastia en la Iglesia y están examinando todas las fórmulas posibles para "hacerlo de la mejor manera que permita que se esclarezcan los hechos, que se repare el dolor de las víctimas y, sobre todo, impedir que esto vuelva a ocurrir", subrayó la portavoz.
Se activa la vía del Parlamento
El Congreso de los Diputados, la Cámara baja del Parlamento español, es uno de los escenarios donde se cuestiona el papel de la institución eclesiástica en los abusos a menores de edad.
La mayoría de la mesa admitió a trámite el 1 de febrero la solicitud de tres partidos de izquierdas —Unidas Podemos y los regionalistas Esquerra Republicana y Euskal Herria Bildu— para constituir una comisión encargada de las pesquisas.
La iniciativa nace a raíz de un informe con 251 casos de abusos cometidos por sacerdotes, religiosos y trabajadores en el ámbito de la Iglesia que el diario El País entregó al papa Francisco el pasado diciembre.
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Sánchez avaló el trámite, demostrando la predisposición de los socialistas en el Gobierno de iniciar esta vía junto a sus socios en el Ejecutivo, Unidas Podemos.
Para crear la comisión hará falta que la Junta de Portavoces de la Cámara incluya la petición en la agenda de un próximo pleno, donde se debatirá si el Congreso investiga a la Iglesia.
Las redes internas de la institución que perpetuaron las agresiones a niños y adolescentes, el grado de conocimiento por parte de sus responsables y el número de víctimas son algunas de las incógnitas sobre las que se quiere arrojar luz.
"Esta investigación no puede quedar dentro de los muros de la Iglesia. Para que hablemos de verdad, justicia y reparación para las víctimas lo necesario es que sea una comisión que interpele al ámbito legislativo", defendió la portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Sofía Castañón.
La Fiscalía también mueve ficha
En paralelo al camino parlamentario, el 1 de febrero se conoció que la Fiscalía General del Estado ordenó a los 17 fiscales superiores de España que remitan todos los procedimientos penales referidos a agresiones sufridas por menores en la Iglesia.
Según la información avanzada por El País, el ministerio público dio 10 días de plazo a los fiscales para recopilar todos los casos, una tarea compleja ya que en los registros informáticos no se especifica si las agresiones a menores se dieron en instituciones religiosas.
En 2019, el Gobierno ya intentó iniciar una investigación de estas características solicitando información a la Fiscalía del Estado, con poco éxito dada la "opacidad" de la Conferencia Episcopal Española (CEE) a la hora de proporcionar los datos.
Tras conocerse las acciones que está iniciando la Fiscalía para destapar los crímenes sexuales de miembros de la Iglesia, el Gobierno emitió un comunicado asegurando que estas se enmarcan "en el ámbito de su autonomía y de sus competencias".
Compromiso del Gobierno
El Ejecutivo indicó que, a falta de definir un formato por el cual se inicien las indagaciones, se contemplan "iniciativas parlamentarias", como la del Congreso, aunque estas "no agotan las medidas que el Gobierno está estudiando para esclarecer los hechos".
Frente a las iniciativas llegadas desde el poder político, la víctima de abusos Miguel Ángel Hurtado, que denunció haber sido abusado por un monje de la Abadía de Montserrat, reunió más de 56.000 firmas en la plataforma Change.org para exigir una comisión independiente.
13 de noviembre 2021, 09:53 GMT
"Hace falta una Comisión de la Verdad liderada por expertos independientes, con amplios poderes de investigación y recursos materiales y humanos suficientes", reivindicó Hurtado, para quien "una comisión parlamentaria no es el mejor foro, por falta de capacidad, para dar voz a las decenas de miles de abusos sexuales".
De alguna manera u otra, la Iglesia española se enfrenta en un futuro cercano a una petición de responsabilidades por decenas, y quizás cientos de crímenes, cuyo relato sigue sacudiendo a la sociedad española.