"Nuestro presidente constitucional, ante la preocupante situación por la conducta de jueces y operadores de justicia como en el caso del violador y feminicida serial [Richard] Choque Flores y otros, nos ha instruido la creación de una comisión de revisión de casos de violación y feminicidio en el que los sentenciados fueron liberados", dijo Prada en conferencia de prensa.
La decisión presidencial responde a grupos feministas y de derechos humanos que, con masivas protestas callejeras, protestaron el 31 de enero contra la corrupción judicial y exigieron una auditoría de todas las supuestas irregularidades en el tratamiento judicial de delitos contra las mujeres.
Las protestas estallaron luego de que la detención de Choque Flores, autor confeso de dos feminicidios en 2021, pusiera al descubierto que un juez le había concedido antes una ilegal prisión domiciliaria cuando había cumplido apenas cuatro de los 30 años de cárcel que había recibido por un feminicidio anterior.
En las manifestaciones del lunes, los grupos feministas denunciaron que la mayoría de los más de 100 feminicidios reportados en 2021 aún no eran objeto de procesos judiciales y que, históricamente, menos de la cuarta parte de los acusados terminaban condenados.
Prada dijo que la comisión, que iniciará su trabajo este 4 de febrero, estará conformada por los ministros de la Presidencia, de Gobierno y de Justicia, los presidentes del Senado, de Diputados, del Tribunal Supremo, del Consejo de la Magistratura y del Tribunal Constitucional, el Fiscal General y el Procurador General.
"Esta comisión deberá presentar resultados en un plazo máximo de 120 días (…); éste es un tema de Estado, así lo ha definido nuestro presidente, así que vamos a dar soluciones estructurales, que es lo que esperan las familias bolivianas", aseguró la ministra.
La iniciativa presidencial sigue a anuncios del Supremo y del Consejo de la Magistratura de revisar los casos en que fueron modificadas las sentencias por delitos de género e intervenir todos los juzgados de ejecución de condenas, donde estarían radicadas redes de corrupción en favor de los reos.
Prada aseguró que la comisión escuchará a todos los sectores que tengan quejas o denuncias sobre el tema, citando a "víctimas, familiares de víctimas, organizaciones sociales, sociedad civil y todas las instituciones que quieran contribuir a este fin".
Entretanto, la fiscalía informó que ya eran siete las personas detenidas desde el pasado fin de semana, en los trámites iniciales de un proceso contra una de las supuestas redes de alteración de sentencias en favor de condenados.