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El Reino Unido impone nuevas sanciones contra Birmania

LONDRES (Sputnik) — El Reino Unido decidió imponer sanciones contra tres funcionarios de Birmania, anunció el Ministerio de Exteriores británico.
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"En coordinación con Estados Unidos y Canadá, se impondrán nuevas sanciones contra el fiscal general de Birmania, Thida Oo, el presidente de la Comisión Electoral de la Unión, Thein Soe, y el presidente de la Comisión Anticorrupción, Tin Oo", dice el comunicado del ente.
Señala que son responsables de "ignorar los resultados de las elecciones de noviembre de 2020 en Birmania y de apoyar denuncias infundadas de fraude electoral en un intento de legitimar el golpe de Estado".
"Este paquete de sanciones congelará los activos de estas personas e impedirá que viajen al Reino Unido", especificó la Cancillería británica.
El 1 de febrero de 2021, pocas horas antes de constituirse el nuevo Parlamento de Birmania, los militares dieron un golpe de Estado, decretaron el estado de emergencia y detuvieron a numerosos líderes políticos, entre ellos el presidente Win Myint y la gobernante de facto, Aung San Suu Kyi.
La asonada generó un amplio repudio internacional y una oleada de protestas en Birmania, con miles de personas desafiando la represión y protagonizando protestas callejeras y acciones de desobediencia civil para reivindicar la restauración del Gobierno civil y la liberación de los presos políticos.
Seis meses después del golpe, la Comisión Electoral de la Unión birmano anuló el resultado de los comicios generales de 2020. Su decisión, que alegaba millones de irregularidades presuntamente cometidas en el proceso del escrutinio, posibilita la disolución de la Liga Nacional para la Democracia (LND), partido de Aung San Suu Kyi.
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Más de 1.500 muertos por las represiones en Birmania un año después del golpe militar
Según el presidente del Consejo Administrativo del Estado y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Birmania, Min Aung Hlaing, las próximas elecciones generales tendrán lugar en 2023.
A Aung San Suu Kyi se le imputan varios episodios relacionados con importaciones y uso ilegales de dispositivos electrónicos de comunicación, la violación de las restricciones anti-COVID, la corrupción, la incitación a desordenes y la infracción de la ley de secreto de Estado.
Si es sentenciada por todos los cargos que se le incriminan, enfrentará más de 150 años de cárcel en total.
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