La resolución correspondiente, aprobada el 20 de enero, sustituye la pena de muerte por asesinato, violación con agravantes, robo con violencia, alta traición y piratería por cadena perpetua sin derecho a libertad condicional durante al menos 30 años siguientes.
La última sentencia de muerte en Papúa Nueva Guinea se ejecutó en 1954.
En 1970, el país abolió la pena capital pero en 1991 la reintrodujo y en 2013, tras una serie de asesinatos brutales de mujeres sospechosas de brujería, adoptó algunas enmiendas legales que ampliaban la lista de acciones punibles con pena de muerte y el repertorio de métodos de ejecución (horca, inyección letal, silla eléctrica, fusilamiento y privación de oxígeno, según la ONG Amnistía Internacional).
Actualmente, en Papúa Nueva Guinea hay 14 sentenciados a muerte, incluyendo dos fugitivos.