"Por ahora no hay necesidad de ayuda humanitaria, pero si los disturbios continúan podrá surgir la escasez de los bienes de primera necesidad, sobre todo en las regiones más afectadas por los desórdenes", dijo.
Khan relató que Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) mantiene contactos con el Gobierno de Kazajistán y sigue la situación. Sobre todo, Unicef presta atención a la situación de los niños.
La situación en Kazajistán se desestabilizó el 2 de enero, con el estallido de protestas por el alza de los precios del gas licuado de petróleo en el suroeste del país.
Más tarde las protestas se extendieron a otras zonas del país, en particular a Almaty, la ciudad más grande de la república, donde empezaron los saqueos, los ataques a instituciones públicas y la tomas de armas.
Las autoridades del país declararon la emergencia nacional hasta el 19 de enero y lanzaron una operación antiterrorista. Según datos de la ONU, cerca de 1.000 personas resultaron heridas.
Entre los agentes del orden, según el Ministerio del Interior kazajo, las bajas ascienden a 17 muertos y más de 1.300 heridos.
El 5 de enero, el presidente kazajo, Kasim-Yomart Tokaev, aceptó la dimisión del Gobierno y asumió la jefatura del Consejo de Seguridad Nacional. En la primera reunión de este órgano Tokaev caracterizó la situación como un intento de socavar la integridad del Estado kazajo e informó que pidió ayuda a la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) "para eliminar la amenaza terrorista".
La OTSC respondió de inmediato a su solicitud y el primer contingente llegó el 6 de enero.
El 7 de enero, el presidente Tokaev declaró que los terroristas, algunos llegados del exterior, siguen oponiendo resistencia y dio la orden de eliminar a aquellos que no depongan las armas
Al mismo tiempo, el mandatario declaró que "las reivindicaciones de los manifestantes pacíficos fueron oídas".