Según el interlocutor del diario, la sentencia fue dictada por varios cargos, entre ellos por la tenencia de comunicadores portátiles sin licencia.
La condena fue la última de numerosos fallos judiciales que podrían acarrear decenas de años de prisión.
El 6 de diciembre, la justicia birmana ya condenó a cuatro años de prisión a Aung San Suu Kyi, por cargos de incitación y violación de las normas contra el COVID. El depuesto presidente Win Myint recibió un veredicto similar.
Más tarde, sin embargo, el dirigente birmano Min Aung Hlaing conmutó a dos años las condenas de ambos políticos.
El 1 de febrero pasado, pocas horas antes de constituirse el nuevo Parlamento de Birmania, los militares dieron un golpe de Estado, decretaron el estado de emergencia y detuvieron a numerosos líderes políticos, entre ellos el presidente Win Myint y la gobernante de facto, Aung San Suu Kyi.
La asonada generó un amplio repudio internacional y una oleada de protestas en Birmania, con miles de personas desafiando la represión y protagonizando protestas callejeras y acciones de desobediencia civil para reivindicar la restauración del Gobierno civil y la liberación de los presos políticos.
Seis meses después del golpe, la Comisión Electoral de la Unión de Myanmar anuló el resultado de los comicios generales de 2020. Su decisión, que alega millones de irregularidades presuntamente cometidas en el proceso del escrutinio, posibilita la disolución de la LND.
Según el presidente del Consejo Administrativo del Estado y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Birmania, Min Aung Hlaing, las próximas elecciones generales tendrán lugar en 2023.
La ONG Asociación de Ayuda a los Presos Políticos (AAPP) estima que al menos 1.382 personas murieron a causa de la represión militar en Birmania entre el 1 de febrero y el 29 de diciembre. De las 11.254 personas arrestadas en este período, 8.304 siguen detenidas.