Más temprano el 10 de enero se informó que Aung San Suu Kyi, de 76 años, fue condenada a otros cuatro años de prisión. En este caso, la nueva condena se sumará a la anterior.
"El Comité Nobel está muy preocupado… La reciente decisión sobre Aung San Suu Kyi está políticamente sesgada", dijo Reiss-Andersen.
El 6 de diciembre, la Justicia birmana ya condenó a cuatro años de prisión a Aung San Suu Kyi, por cargos de incitación a desórdenes públicos y violación a las normas anti-COVID. El depuesto presidente Win Myint recibió un veredicto similar.
Más tarde, sin embargo, el dirigente birmano Min Aung Hlaing conmutó a dos años las condenas de ambos políticos.
El 1 de febrero pasado, pocas horas antes de constituirse el nuevo Parlamento de Birmania, los militares dieron un golpe de Estado, decretaron el estado de emergencia y detuvieron a numerosos líderes políticos, entre ellos el presidente Win Myint y la gobernante de facto, Aung San Suu Kyi.
La asonada generó un amplio repudio internacional y una oleada de protestas en Birmania, con miles de personas desafiando la represión y protagonizando protestas callejeras y acciones de desobediencia civil para reivindicar la restauración del Gobierno civil y la liberación de los presos políticos.
Seis meses después del golpe, la Comisión Electoral de la Unión de Myanmar anuló el resultado de los comicios generales de 2020. Su decisión, que alega millones de irregularidades presuntamente cometidas en el proceso del escrutinio, posibilitó la disolución del partido Liga Nacional para la Democracia.
Según el presidente del Consejo Administrativo del Estado y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Birmania, Min Aung Hlaing, las próximas elecciones generales tendrán lugar en 2023.
La ONG Asociación de Ayuda a los Presos Políticos (AAPP) estima que al menos 1.382 personas murieron a causa de la represión militar en Birmania entre el 1 de febrero y el 29 de diciembre. De las 11.254 personas arrestadas en este período, 8.304 siguen detenidas.