Durante la inauguración del primer periodo de sesiones del máximo órgano judicial de México, el ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, aseguró que los fallos que se emitan en 2022 no estarán influenciados por preferencias políticas o ideológicas, sino que obedecerán a un estricto apego al respeto a los derechos humanos y la justicia.
¿Pero cuáles son los asuntos que tratará la Suprema Corte en específico? Sputnik enlista los dos más importantes que ya estaban cocinándose desde 2021.
Es uno de los temas más polémicos en México, ya que está en juego la militarización del país.
Los ministros deben resolver si es legal o no la incorporación de las Fuerzas Armadas —la Marina y el Ejército— a funciones de seguridad ciudadana ante el avance del crimen organizado en el país.
El 11 de mayo de 2021, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador publicó un decreto en el que se ordena el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta que acabe el sexenio en 2024.
La controversia en contra del decreto del Gobierno federal fue interpuesta por la expresidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas.
También se discutirán y resolverán otras acciones de inconstitucionalidad, como las impugnaciones al Código de Justicia Militar, el Código Militar de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de Registro de Detenciones.
Los derechos de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual (LGBTTI) forman parte medular de la agenda de la Corte.
Lo que está a discusión es el derecho de los menores de edad para cambiarse de género en su acta de nacimiento. Hasta la fecha, México sólo permite esta acción para personas mayores de 18 años. Sin embargo, los ministros abordarán el caso y podrían declarar inconstitucional esa medida por atentar contra la diversidad sexual y los derechos humanos.
De ese modo, la Suprema Corte labraría el camino para que los menores de edad transgénero puedan modificar su identidad desde documentos oficiales sin necesidad de atravesar por un proceso judicial.
Este tema ha causado gran polémica entre diversos sectores sociales. Annayancy Varas García, abogada y directora del Think Tank Early Institute,
afirma que la medida podría resultar más perjudicial que benéfica.