Se considera "legítima la defensa que se ejerza para rechazar al extraño que, usando maniobras o mediante violencia, penetre o permanezca arbitrariamente en habitación o dependencias inmediatas, o vehículo ocupado. La fuerza letal se podrá ejercer de forma excepcional para repeler la agresión al derecho propio o ajeno", reza el artículo tercero de la nueva ley, en el que se especifica que, ante este hecho, no habrá "responsabilidad penal".
El texto aclara, sin embargo, que se debe tener en cuenta la "proporcionalidad" a la hora de responder ante una agresión de este tipo.
El Congreso colombiano concilió el texto luego de pasar los respectivos debates en ambas cámaras.
El siguiente paso será la sanción presidencial.
El texto también aumenta penas por "conductas punibles" cometidas contra policías defensores de derechos humanos, jueces de paz o periodistas.
También se incrementan penas por "instigación a delinquir" o fabricación y porte de armas, incluso hechizas, si se usa "máscaras o elementos similares que sirvan para ocultar la identidad o la dificulten", de acuerdo con el documento.
Durante las pasadas protestas del paro nacional, que empezaron el 28 de abril y se extendieron hasta mediados de este año, este tipo de máscaras o capuchas se volvieron populares, especialmente entre los integrantes de la llamada "primera línea".
Así se autodenominaron quienes se ubicaban en el inicio y final de las manifestaciones con escudos de lata, cascos, y otros elementos para, según ellos, proteger de la policía a quienes se movilizaban.
Para las autoridades, los miembros de la "primera línea" incitaban al vandalismo, dado que durante las movilizaciones antigubernamentales personas encapuchadas atentaron contra el mobiliario público y la infraestructura de transporte y de sedes policiales en Cali, epicentro de las protestas, y Bogotá.
Cientos de personas han sido capturadas en todo el país por estos hechos.
Pese a los actos vandálicos, decenas de civiles que protestaban fallecieron, presuntamente, a manos de la fuerza pública.
Según el más reciente informe de Naciones Unidas sobre este contexto, de 46 muertes que la organización pudo comprobar en el marco de esas manifestaciones, al menos 28 fueron cometidas presuntamente por policías.
Según declaraciones del ministro de Defensa, Diego Molano, publicadas en Twitter, la ley permite "penas agravadas por delitos menores, como cuando robaban por montos menores a cuatro millones de pesos [menos de mil dólares], o por destrucción de Transmilenio [el sistema de transporte masivo de Bogotá], o ataques a un CAI [sede policial]".
La ley fue presentada en el Congreso por iniciativa del Gobierno de Iván Duque.